En octubre de 2013 la Asamblea Nacional, por pedido del Presidente de la República, declaró de interés nacional la explotación de los bloques 33 y 41 dentro del parque nacional Yasuní. La Asamblea aceptó el pedido con ciertas condiciones que la Función Ejecutiva debe cumplir en el proceso por ser una zona muy frágil.  

¿Cuáles son estas condiciones?
Tiene que ver básicamente con el empleo de los máximos estándares sociales y ambientales a fin de prevenir y minimizar el impacto ambiental y proteger los derechos de la naturaleza, al mismo tiempo cumplir con los mandatos constitucionales como es la consulta a los pobladores del área de influencia. Se resolvió que se debe tener un sistema de monitoreo integral para proteger a los pueblos en aislamiento, y también se incluyó la exclusión de los territorios tagaeri y taromenane.

¿Estos son los puntos básicos determinados hace un año?
Otro aspecto sumamente importante es que los recursos obtenidos de estos 2 bloques sean orientados  a la dotación de servicios básicos, en un pacto territorial en beneficio de los cantones con mayor incidencia de pobreza.   

Después de esta declaratoria la Comisión elaboró un informe de octubre a abril. ¿Se han cumplido las condiciones de la Asamblea?
Hay una interpretación errónea. La comisión tiene el mandato de hacer el seguimiento al Ejecutivo en el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Asamblea y en este contexto el Ejecutivo tiene la responsabilidad de informar semestralmente sobre la implementación. La Comisión debe verificar y evaluar la información, y para eso tiene que trasladarse al territorio. Internamente no hay ningún mandato de que tenemos que informar semestralmente; ahora ya hemos evaluado y tenemos un balance del primer semestre.

¿El siguiente informe cuándo será?
Estamos a la espera del segundo informe que tiene que ser enviado más o menos la tercera semana de este mes. Con esta información nosotros empezaremos a evaluar para informar a la Asamblea a fin de que el pleno conozca cómo se están implementando las resoluciones.

¿En el primer informe se ha comprobado que se está cumpliendo con la declaratoria?
Nosotros en base a los informes que nos enviaron los ministerios Coordinador de Sectores Estratégicos, Justicia y Ambiente hemos hecho un balance  y efectivamente hemos constatado que están cumpliendo lo dispuesto. Es necesario estar claros que este proceso es a largo plazo, que llevará 3 décadas y que solo ha pasado un semestre. Hemos visto que por primera vez se hizo la consulta y es mayoritariamente satisfactoria. El Ministerio del Ambiente informó un importante incremento de recursos para proteger al parque Yasuní, que era uno de las observaciones que se planteó. También se están cumpliendo las disposiciones ambientales para el licenciamiento.

¿El Ministerio de Justicia también se pronunció?
Sí, también estuvimos en el territorio para conocer el centro de monitoreo del área intangible tagaeri y taromenane. Se está cumpliendo  y por eso creemos que es un buen signo de que las cosas se han asumido con seriedad, pero también creemos que son procesos que deben ser potenciados. Petroamazonas ha informado que están aplicando tecnologías que minimizan el impacto ambiental.

¿Cuáles son las cosas que deben mejorar?
Hemos hecho algunas recomendaciones como el cumplimiento de los posibles avistamientos que no se han registrado. También hemos visto que cada ministerio tiene una comunicación propia y debe haber un esfuerzo unificado accesible y comprensible para todos los ciudadanos.

¿Qué exista mayor coordinación para cruzar información?
Así es. Estamos recomendando que haya mayor coordinación entre las instituciones responsables ante esta declaratoria y que se incremente una estrategia comunicacional para permitir a los ciudadanos del país entender y conocer lo que se está haciendo, además, que esa información sea lo más accesible posible, es decir, que no únicamente esté en los portales web porque a las personas de la Amazonía les resulta complicado acceder por ese medio. Creo que debe haber otros mecanismos.