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Punto de vista
¿Quiénes son los responsables del escalamiento de los conflictos?
El Ecuador se inauguró el 29 de febrero como miembro pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en un momento crítico en el que la amenaza a los derechos fundamentales de los seres humanos es el pan de cada día. No solo se tratan de los despiadados crímenes de guerra en los países en conflicto o de violaciones masivas y sistemáticas a la dignidad humana, sino de los miles de seres humanos, mujeres, niños, buscando abrigo y refugio para defender sus vidas, huyendo de la violencia y la crueldad.
En la presente sesión del Consejo hemos escuchado a varios países dándose golpes de pecho por la situación en Siria, Irak, Yemen, Libia, Malí, pero no hemos escuchado a nadie preguntar ¿quiénes son los responsables del escalamiento de estos conflictos armados? ¿Quiénes, están interfiriendo en los asuntos internos de los Estados en conflicto, están proveyendo de armamento y equipo militar a los insurgentes, y provocando con ello el surgimiento de poderosos grupos terroristas, que ahora ejercen autoridad en amplias zonas geográficas como ISIS? ¿Quiénes se benefician de los incrementos en el gasto militar que luego son canalizados hacia intervenciones militares de coaliciones internacionales espurias? ¿Por qué las Naciones Unidas no logran resolver estos problemas?
El Consejo en lugar de ser el espacio para fomentar el avance en el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos humanos en el mundo, se ha convertido lamentablemente en un campo de batalla para ventilar rencillas entre ciertos Estados, promover cambios de gobiernos incómodos para ciertas potencias; y, para desprestigiar a determinados países, de manera selectiva y sesgada, por supuestas violaciones a estos derechos. Estados Unidos, por ejemplo, no dudó en pronunciar en la sesión inaugural, una lista de los mal portados, donde por supuesto incluyó a Cuba, Venezuela, Rusia, China, manteniendo silencio respecto de otros Estados, donde se denuncian graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, pero con los que mantiene relaciones privilegiadas. Otros países, que han hecho gala de sus políticas xenófobas y antiinmigrantes, también salieron al estrado a apuntar con el dedo, pintándose como adalides de los derechos humanos. Esta situación amenaza con desacreditar al Consejo de la misma manera que sucedió con su antecesora, la Comisión de Derechos Humanos, y que provocó su extinción en 2006.
Este año es sin duda importante, puesto que se cumplen 10 años de la creación del Consejo de Derechos Humanos y se conmemora el 50 aniversario de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Casi medio siglo también ha pasado desde que Ecuador ratificó estos 2 instrumentos y varias décadas desde que adhirió a sus protocolos adicionales. Con respecto al cumplimiento de estas obligaciones, el IV informe periódico del Ecuador ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se entregará en noviembre de 2017. Hay grandes avances que mostrar en materia de disminución de la pobreza.
La inversión social, que se ha multiplicado por cuatro veces en la última década, ha logrado reducir en 12.3 puntos el porcentaje de la población que vive bajo la línea de pobreza; y, en 19 puntos, la población que vive en pobreza extrema. Con orgullo podemos decir que en el Ecuador existe un compromiso de trabajo continuo con el avance de los derechos humanos, y que, a partir de la adopción de la Constitución de 2008, se dejó atrás la tradicional clasificación de derechos por generaciones, que distingue a civiles y políticos de los económicos, sociales y culturales.
Con ello, Ecuador reafirmó su compromiso con el carácter universal, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, sin privilegiar unos por sobre los otros. Además, abrazó el paradigma del Buen Vivir cuyos preceptos son esenciales para una vida digna, ampliando el reconocimiento de nuevos principios y derechos, como el asignado a la naturaleza, y asumiendo un compromiso garantista del pleno ejercicio de todos los derechos, como el más alto concepto de satisfacción de las necesidades y bienestar de la población. (O)