A las 13:30 de ayer salió el capitán Edwin Ortega acompañado de su abogado Juan Vizueta, de la Infantería de Marina en Guayaquil.

El marino ingresó a las 10:00 a la base en donde se instaló un nuevo Consejo de Disciplina Militar que analizó la falta de respeto que denunció el presidente Rafael Correa, luego de que Ortega respondiera un correo electrónico masivo en forma ofensiva, según la denuncia.

Hasta el cierre de esta edición no se conocía el resultado del juicio militar. Vizueta afirmó que la ley les da 72 horas a los jueces para emitir una sentencia.

Al capitán de Marina se lo juzga por una falta atentatoria, con el agravante de que se generó dentro de un estado de excepción por el terremoto. Entre las sanciones que podría afrontar consta su baja.

Vizueta espera que el pronunciamiento del Consejo sea negativo. Luego de agotar todas las apelaciones dentro del país llevará el caso a instancias internacionales.

Detalló que no hay diligencias pendientes en el caso para que la resolución se retrase. Como prueba a favor, la defensa presentó en la audiencia el documento emitido por el Consejo de Disciplina anterior. El objetivo es determinar que existe una supuesta irregularidad al juzgar dos veces a una persona por un mismo hecho.

Sin embargo, el proceso anterior que liberó de culpa a Ortega quedó insubsistente luego de la decisión de la jueza Vanessa Wolf. Ese fue el resultado de la acción de protección que interpuso el Jefe de Estado en contra de los cinco oficiales del Consejo de Disciplina que desconoció  que el Presidente es la máxima autoridad, por ser autoridad civil.

Frente a la decisión del anterior Consejo Militar, Correa invocó la Constitución de la República, en el artículo 147 numeral 16. Allí se contempla que entre las obligaciones del Mandatario está “ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas”.

Ortega no puede dar declaraciones porque la ley militar lo prohíbe, sin embargo, destacó ante la prensa  que llegó ante el Consejo de  Disciplina con honor. Según él, enfrenta una grave crisis en su carrera profesional y familiar.

Una decena de personas con tres carteles mostraron ayer su respaldo a Ortega, entre ellos, militares en servicio pasivo. Esperaron una hora y media de las tres que duró la reunión en la base San Eduardo, luego se retiraron.

Vizueta tiene lista una demanda

El abogado de Ortega detalló que tiene lista la demanda contra Paola Basantes, quien hizo pública una presunta estafa y abuso de confianza por parte del capitán Ortega.

Vizueta indicó que Basantes dice que le adeuda $ 35.000. “Vamos a presentar la querella y tendrá que demostrar la entrega del dinero”. Añadió que se trata de una campaña de desprestigio que está vinculada al movimiento oficialista. “Tuve conversaciones con ella, pero jamás se le ofreció un pago por difundir la imagen de Ortega en redes sociales y gestionar entrevistas en medios. Jamás pudimos esperar que por ese trabajo nos iba a cobrar”. (I)

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Asambleístas incluyen sugerencias

Reformas al Issfa e Isspol fijan un cronograma

La Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional aprobó ayer el cronograma para debatir la incorporación de las reformas sugeridas en el primer debate del pleno a la ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Uno de los temas que abordaron en la sesión de la Comisión de ayer fue la de eliminar el artículo 38 del régimen de seguridad social de la Policía que obliga a los pensionistas en servicio pasivo a seguir aportando para enfermedad, maternidad y mortuoria, que les descuentan de la pensión que reciben por el retiro a todos los gendarmes.

Esta norma, según la asambleísta Marllely Vásconez, es inconstitucional y debería eliminarse, ya que, en el caso de las Fuerzas Armadas, esto no ocurre.

El asambleísta Fausto Cayambe refirió que se debería reformar la integración del Consejo Directivo del Issfa para que se incorpore a un miembro de tropa en servicio pasivo y que el jefe del Comando Conjunto forme parte también. Además, que el director sea nombrado sobre la base de un concurso de oposición y méritos: “Debe ser un militar o civil técnico, que conozca de esta temática a profundidad”.

Asimismo, en la Comisión recibieron a representantes de grupos de pensionistas de las FF. AA. con discapacidad, quienes expusieron su problemática: “La mayoría recibimos pensiones de entre $ 200 y $ 600, eso no alcanza para las medicinas, necesitamos que se aprueben estas reformas urgente”, indicó Gonzalo Olmedo, cabo segundo que se jubiló en 1982 por problemas de columna.

La Comisión espera tener el proyecto listo hasta la próxima semana para el segundo debate en el pleno. (I)