El presidente de la República, Lenín Moreno, creó la Secretaría Anticorrupción y nombró como su titular a Iván Granda Molina, exsubsecretario de Acción Política.

La disposición se hizo efectiva mediante el decreto ejecutivo 665, en el que se establecieron también las atribuciones de la entidad.

Entre las principales está la de proponer directrices para la generación de políticas públicas y acciones que faciliten las denuncias de actos de corrupción de alto impacto, cometidos en la administración pública. Además, la entidad realizará el seguimiento de las acciones en contra de hechos actos al margen de la ley.

Otra de sus atribuciones será la de convertirse en un eje transversal para la implementación de la política pública anticorrupción con las entidades del gobierno central y sus dependencias. También coordinará la cooperación entre las instituciones de Gobierno central, organismos de control, entidades judiciales y demás espacios involucrados en la investigación, juzgamiento y sanción de los actos contra el erario público.

El documento presidencial aclara que esa labor se debe ejecutar con estricto respeto a la independencia de las funciones del Estado.

La lucha contra la corrupción es uno de los ejes establecidos por Moreno a su mandato, desde que asumió la Presidencia el 24 de mayo de 2017. Desde sus primeras intervenciones públicas, el Jefe de Estado anunció un proceso de “cirugía mayor” para combatir ese problema.

Por otro lado, mediante el decreto 666, el Primer Mandatario designó a Ricardo Andrés Luque Nuques como director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). Este organismo fue creado por el Primer Mandatario el pasado 22 de septiembre, en reemplazo de la Secretaría de Inteligencia.

Este último organismo ha sido acusado de actuar como arma política en contra de la oposición durante los 10 años del correísmo. El nombramiento de Luque se produce en reemplazo de Marlo Pacífico Brito Fuentes, quien ocupará, a su vez, el cargo de secretario de Derechos Humanos (decreto ejecutivo 667).

En el mismo decreto se establece la designación de Ernesto Pazmiño Granizo como director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. (I)