Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, presentó este jueves en la Corte Constitucional (CC) el pedido de consulta popular sobre el Pacto Ético que propuso el presidente Rafael Correa. 

La solicitud de calificación de la constitucionalidad de la propuesta fue recibida por Alfredo Ruiz, presidente de la CC.

El Primer Mandatario plantea que los funcionarios y dignatarios públicos no puedan ejercer cargos si tienen cuentas en paraísos fiscales. Para ello el Ejecutivo sugiere la siguiente pregunta:

¿Está de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a  partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular,  la Asamblea Nacional reformará la ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal  de destitución. 

Foto:  Álvaro Pérez / El Telégrafo 

"Es necesario aclarar que la lucha del gobierno contra los paraísos fiscales viene desde el 2007, no queremos que este tema se confunda con coyunturas de carácter político", manifestó Mera. 

El funcionario recordó que se han hecho por lo menos unas 9 reformas legales castigando los paraísos fiscales. "Los papeles de Panamá lo que han hecho es develar todas estas circunstancia, y la documentación filtrada es tan amplia que puede durar muchos meses más descubrirla", dijo.

En definitiva se está proponiendo que se prohíba a todos los funcionarios públicos que tengan dinero o bienes en los paraísos fiscales, para lo cual se plantea una consulta popular en febrero próximo, "dando un plazo de un año para que los retornen, esto es bueno porque beneficia al país, si hay alguien que decida dedicarse a la política que retorne los bienes al país, la información de los 'papeles de Panamá' es tagrave que requiere una acción mas contundente". 

Por este motivo se hicieron reformas, añadió Mera, "por ejemplo se aumentaron los impuestos a los paraísos fiscales, lo que pasa es que la información de los 'papeles de Panamá' es tan grave que requiere una acción más contundente".

Consulta popular no afectará a ningún candidato 

El Secretario Jurídico explicó que los actuales candidatos como Guillermo Lasso no tienen ninguna inhabilidad para presentarse a las elecciones de febrero de 2017. "Si gana, lo cual en mi opinión es muy improbable, tendría un año para retornar todos su bienes, sus bancos en Panamá, lo cual le haría bien al país, no le hace daño a ningún candidato", señaló. 

De acuerdo con la Constitución y la ley, la Corte Constitucional tiene un plazo de 20 días hábiles para determinar la viabilidad de la pregunta. Cumplido ese tiempo notificará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que haga la respectiva convocatoria a consulta. (I)