Más de 20 fallos de la Supercom han sido amonestaciones escritas o disculpas

Según datos de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), entre 2013 y lo que vamos de 2014 se han presentado un total de 86 denuncias y 3 procesos de oficio.
De las denuncias, 41 han sido archivadas y 17 están en trámite, mientras que 28 fallos han sido amonestaciones escritas, disculpa pública por contenido discriminatorio, rectificación y no entrega de copias de programas. Para esto se ha tomado en cuenta lo que señalan los artículos 18 y 25 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Antes de que se apruebe la LOC, medios de comunicación y organizaciones despertaron expectativas sobre un posible cierre de medios y el eventual encarcelamiento de periodistas, como consecuencia de la llamada “ley mordaza”.

Casi un año para recordar la vigencia de la LOC (25 de junio),  “no existe un solo medio de comunicación que haya sido cerrado a consecuencia de la LOC, se ha pedido disculpas públicas en el marco de sus derechos a la libertad de expresión, que tiene límites”, resaltó Paulina Mogrovejo, vocal del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).

Además destacó que jamás se hará de la LOC y sus instituciones una herramienta para coartar la libertad, “sino para proteger los derechos de todos y no de unos pocos como en el pasado”.

En 2012, los titulares de los diarios privados alertaban respecto a que se venía una ola de cierre de medios. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la organización Fundamedios expresaban su preocupación. El Comercio, Hoy, La Hora, MetroHoy, El Universo, entre otros, coincidían en que, por ejemplo, el retiro de frecuencias implicaba una represalia política.

“En un ambiente hostil a los medios es normal que haya sospechas de que pudiera tratarse de retaliaciones políticas”, dijo Gustavo Mohme, en ese tiempo presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Con respecto a esto, Hernán Reyes, de la Cordicom, aclaró que el retiro de frecuencias se efectuó por parte de las autoridades de Telecomunicaciones y bajo su propia jurisdicción: “Se ha comprobado que no han cumplido con pagos. Cuando se adquiere una frecuencia, se adquieren responsabilidades y si no se cumple con eso, el Ministerio de Telecomunicaciones puede quitar la frecuencia”.
Incluso la SIP relacionó el cierre de la revista Vanguardia con la LOC, cuando este en realidad se debió a problemas económicos. “SIP denuncia que la LOC empieza a cobrarse víctimas”, fue el titular de “El Diario” de Manabí en junio de 2013.

Para Reyes todavía hay grupos que insisten en seguir por “el lado fácil o por el atajo”, asegurando que la LOC coarta la libertad de expresión y que sus instituciones tienen el único objetivo de “apalear” a los medios.

Incluso, el actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en julio del año pasado sugirió en una entrevista a diario La Hora que la LOC también afectaba a los ciudadanos, “porque no podremos expresar nuestras ideas con libertad y no podremos gozar del derecho de recibir información de forma abierta y libre”.

Un año después, las denuncias a la Supercom provienen en mayor medida de la ciudadanía (ver subnota).

Claudio Paolillo, también de la SIP, indicó que la demanda por inconstitucionalidad en contra de la LOC, admitida a trámite en julio de 2013 por la Corte Constitucional, abría la esperanza de que en Ecuador se recapacitara sobre “una legislación que se ha erigido como un bozal para la prensa y los periodistas”.

De un total de 65 encuestas realizadas a periodistas de diversos medios por parte de egresados de comunicación y EL TELÉGRAFO,  el 85%  señaló que no ha sido objeto de censura previa en donde laboran, el 12% dijo que sí y el 3% no respondió. Entre los que dijeron que sí argumentaron que “los contenidos deben ser aprobados” y que “en todos los medios lo hacen”.

Al ser consultados varios editores de medios privados, incautados y públicos, 8 de 12 coincidieron en que no conocen de casos de periodistas que han dejado de ejercer el periodismo a causa de la vigencia de la Ley de Comunicación, o que hayan enfrentado algún proceso judicial.

Entre las respuestas se encuentran: “No conozco, pero sí me acuerdo de muchos que dijeron que si se aprobaba la LOC dejarían de ejercer el periodismo y hasta ahora no lo han hecho”; “sinceramente, no conozco. Periodistas que eran compañeros todavía siguen ejerciendo de alguna manera u otra”.
Los que respondieron que sí conocen de casos en donde los periodistas han dejado de ejercer mencionaron a Janneth Hinostroza, Jorge Ortiz y Carlos Vera.

En ese sentido, Reyes indicó  que sí han existido juicios con sentencias de cárcel para periodistas, pero aclaró que no fue a causa de la LOC, sino en base al Código Penal, que “por mucho tiempo ha contemplado la figura de injuria calumniosa”.

Puntualizó que la LOC es un ámbito netamente administrativo que no incluye como sanción el cierre de medios, ni cárcel.

A esto se agrega el criterio de la abogada y fundadora del Proyecto Transgénero, Elizabeth Vásquez, quien indicó que “la autorregulación no es tan posible porque al final cuentan los intereses...”. 

Por lo tanto dice que es importante que la LOC sea un marco normativo que no imponga contenidos, sino que recuerde a los medios que deben desenvolverse en el marco del respeto a los derechos humanos.

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