Ley de Tierras favorece a campesinos con créditos y redistribución

El pleno de la Asamblea Nacional retomó este martes, con 85 asambleístas, el segundo debate de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.  En su intervención, el legislador Fausto Cayambe, jefe de la bancada de PAIS, indicó que la norma cumple con los 2 principios constitucionales de garantizar la soberanía alimentaria y la conservación del ambiente.

Además, se creará el sistema nacional de información agropecuaria que permitirá concentrar en un solo organismo la información dispersa en cada institución y nivel de gobierno.

Cayambe considera que el Fondo Nacional de Tierras, que será administrado por la autoridad agraria, es un gran avance porque permitirá que las tierras que no cumplan con la función productiva pasen al fondo y esto a su vez, mediante un procedimiento y reglamento, estará en manos de quienes quieran contribuir a la soberanía alimentaria.

Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, señaló que el Fondo Nacional de Tierras está contemplado en la Constitución para la redistribución de tierras. Este fondo trabajará junto con la autoridad agraria nacional y la banca pública, con el objetivo de que cuando se compre la tierra y se aplique la expropiación se fije un precio (avalúo catastral municipal) previo a ser entregado a las organizaciones.

Explicó que no solo se entregarán tierra sino un crédito productivo. Indicó que el monto del crédito dependerá del avalúo que se realice. Sin embrago, esas tierras no podrán ser gratuitas y allí es cuando funcionará el crédito, con intereses preferenciales, 3 años de gracia y 15 años para que se pague la propiedad, facilitando la producción.

Cayambe argumentó que ahora los comuneros serán sujetos de crédito. Sin embargo, estos créditos dependerán de la política financiera de las entidades y de lo que se quiera hacer en el ámbito comunitario. "Por fin ponemos candado para que nunca más se quite la zona rural y con ello garantizar alimentación y conservación del ambiente. El uso del suelo condiciona en donde no haya vocación agropecuaria se puede urbanizar, sino seguirá siendo zona agropecuaria", señaló.

Según Cayambe, no se puede definir por hectáreas el latifundio "porque el Ecuador tiene especificidades y hay diferencias entre las zonas", dijo.

En la normativa, según Proaño, se aplicará justicia social y ambiental. De esta manera si una propiedad no cumple con esto se le dará el plazo de un año para mejorar, al término de este tiempo se revisará nuevamente, incluso puede recibir 6 meses más, pero aquí ya se rebaja el 10% del valor común como una multa, y si al año y 6 meses posteriores no hay avances, el Estado le compra las tierras, cuyo valor por la tierra fijará el catastro municipal, luego de ello las tierras pasarán a las organizaciones.

Esto último se analizará, de acuerdo al legislador, con base a 2 anexos técnicos, en donde la autoridad agraria realiza el avalúo catastral y dictamina si el propietario paga los impuestos a los trabajadores, si no contamina el agua y el suelo.

Entre las causales de expropiación de la tierra está, por ejemplo, si la tierra está ociosa por más de 2 años y no haya producido, que no cumpla la función social y ambiental, además por presión demográfica. Sobre esta última dijo que hay comunidades de 500 familias que tienen 200 hectáreas, frente a propiedades de 2.000 hectáreas y de una sola familia.

Explicó que en el Ecuador hay problemas de densidad de la población. Puso el ejemplo de la zona de Jatun Loma (Chimborazo), en donde antes había 77 familias en 800 hectárea y ahora 895 familias para igual número de tierra.

La asambleísta Lourdes Tibán (Pachakutik) señaló que la normativa no acaba con el acaparamiento ni la concentración de la tierra.

Sin embargo, el asambleísta Proaño discrepó con aquello y señaló que si hay alguna tierra en monopolio se hacen los estudios y allí la ley de poder de control del mercado regulará aquello.

El asambleísta César Umajinga (Pachakutik) consideró que la ley avanza en cuanto a los derechos colectivos, sin embargo cree que en la Amazonía, las 1.000 hectáreas perjudica por la presencia de las trasnacionales. Afirmó que aún no existe la autoridad agraria intercultural, así como que los campesinos necesitan superar los márgenes de pobreza, pues detalló que hay campesinos que tienen 'guachifundio', que no son ni siquiera minifundios.

La asambleísta Rosa Elvira Muñoz (PAIS) cree que la delimitación del latifundio debe darle la autoridad agraria nacional en coordinación con las organizaciones sociales. Por ello, indicó que los presidentes o dirigentes de la comunidad denunciarán a la autoridad agraria nacional.

Muñoz considera que el Fondo aporta a la redistribución de la tierra y garantiza una nueva redistribución. Cayambe cree que con ello se protegerá a la agricultura campesina que alimenta en un 70%. Por ello se establece que de 25 hectáreas para abajo no hay expropiación en la Sierra, 75 hectáreas para abajo se protege en la Costa y en la Amazonía sería de 100 hectáreas para abajo. (I)