La relación entre capital y trabajo se dibuja sobre otro escenario político

En el debate sobre el plan económico del Gobierno, la propuesta de ajustar algunas reglas sensibles del mercado laboral tiene su peso específico. Al respecto, ilustran bien las expresiones del propio Consejo Consultivo, Productivo y Tributario.

En línea con su “propuesta para el entorno productivo”, dicho organismo liderado por la cada vez más influyente ministra García, propuso al Presidente de la República “adecuar el marco de contratación laboral a la realidad productiva” del país.

Así expresada, esta frase tecnicista y legal no desentona con el farragoso paisaje normativo nacional. Pero bien leída, esto es, una vez analizada con la lupa de rigor, implica que Lenín Moreno dio un paso  políticamente fuerte y eventualmente costoso: acogió en su agenda una vieja aspiración empresarial (de todos los niveles: pequeño, mediano y grande).

De modo que el Jefe de Estado abrió el camino para que el capital y el trabajo se encaucen hacia “diversas propuestas de modalidad contractual”. Son variantes que tendrán amplia incidencia y no constan en el manual laboral vigente.

Eso no es todo; desmenuzando más esta decisión presidencial, resulta que su radio de acción no será marginal, al contrario, se proyecta sobre un extenso horizonte. Dos razones explican esta situación: I) la reforma laboral propuesta se aplicará en sectores económicos importantes, varios de ellos, generadores de valor agregado: agropecuario, agroindustrial, turístico, manufacturero, forestal, acuícola, etc.; II) el universo laboral potencial es amplísimo, al punto que, según cifras oficiales, ahí se incluyen 4,5 millones de trabajadores, hoy desplazados del mercado y que no tienen empleo fijo ni gozan de beneficios legales, sociales y laborales.

Visto así, en fondo y en forma, al tener un amplio alcance económico y social, y ante la real posibilidad de regarse, sobre todo por los principales sectores no petroleros de la economía nacional, las formas de contratación laboral que se anuncian -y no se conocen todavía-, se convierten desde ya en un tema de interés estratégico, no táctico.

Porque se trata de nuevas formas de contratación de fuerza de trabajo desplazada, en un país dolarizado y con una frágil cobertura social.

Todo esto genera una enorme sensibilidad ya que los antecedentes no son buenos. El mundo laboral ecuatoriano espera que no se trate de un maquillaje, de una celada política o empresarial que pudiera dar paso a la temida y siempre denostada tercerización laboral.

Por todo lo anterior, el país está ante un tema de Estado, no solo del Gobierno. Al fin y al cabo, lo que está sobre la mesa son las nuevas formas de conectar los intereses directos del capital y del trabajo, en el mundo de producción represada que clama a gritos por mayor competitividad, mientras la sociedad entera se desespera con el agobiante problema del desempleo crónico (abierto, cubierto o encubierto, como quiera verse).

Las fuerzas “pragmáticas” que actúan dentro del actual frente económico están a la cabeza e impulsan decididamente estas reformas laborales y se blindan en cifras y evidencias. Los “ideológicos”, claro está, han puesto “fusil en ristre” y han marcado su línea roja (o verde). Entre esos extremos reales y de poder factual navega el Presidente de la República, quien ha sido tinoso y prudente al respecto. A él le corresponde hacer la lectura profunda, estratégica, de un tema políticamente sensible, económicamente importante, socialmente urgente. De nuevo, Moreno está ante su “yo y mi circunstancia”. (O)