Durante más de cuatro horas de comparecencia en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el procurador general del Estado (PGE), Diego García, aclaró que se trabaja en una acusación particular contra el excontralor Carlos P. “sin prejuicio de nuevas vinculaciones y de que se amplíe a otras personas”.

Su presencia tuvo como objetivo explicar las acciones legales que ha iniciado la Procuraduría, con respecto a los casos de corrupción como Odebrecht y Petroecuador.

Anunció que existen seis causas: una en investigación previa que trata el delito de cohecho; tres en instrucción fiscal y se relacionan con el delito de concusión atribuido a Carlos P.; y dos por lavado de activos. En procesos judiciales existen dos causas: por lavado de activos contra Alecksey M.; y por asociación ilícita contra Ricardo R.

En el delito por concusión contra Carlos P. explicó el presunto cometimiento de abuso de funciones y exigencia de gratificaciones no debidas, y que la Procuraduría reclama $7’700.000 por reparación integral.  

En 2010 Carlos P. pidió a Odebrecht la entrega de $ 6 millones a cambio de desvanecer más de $ 70 millones en glosas. El dinero fue entregado en efectivo por la compañía.

El Procurador indicó que para una concusión deben reunirse dos elementos: el abuso de funciones, levantando las glosas o emitiendo informes favorables; y la exigencia de gratificaciones no debidas.

Explicó que aún espera la conclusión de  una instrucción fiscal para presentar una acusación particular.

García indicó, además, que la denuncia del exasambleísta César Montúfar es ilegal e ilegítima porque el delito que se atribuye a Jorge G.,  por asociación ilícita, implica a dos o más personas, pero Montúfar señaló solamente al Vicepresidente. Esto podría acarrear nulidades.

Sobre los elementos que llevaron a una acusación particular en la asociación ilícita entre Ricardo R. y Jorge G. enumeró: información de los equipos de computación de Ricardo R., y declaraciones del empleado de Televisión Satelital. (I)