La información como bien público

Basta leer a Norbert Elias Michael Foucault o Jürgen Habermas para constatar que la distinción entre ‘lo público’ y ‘lo privado’ ha cambiado incesantemente en los últimos siglos. Al desvanecerse la creencia en la inmutabilidad del orden social, la humanidad reconoció que aquello que era considerado como un acto privado puede devenir luego en un hecho público (y viceversa).

Lo público y lo privado no son características inherentes a un objeto, acción o proceso. Son atributos establecidos mediante convenciones culturales cuya continuidad o discontinuidad depende de las relaciones de poder existentes en un momento y espacio determinados. Y esto aparece reflejado en las instituciones jurídico-legales que ratifican o niegan las concepciones sobre lo público que la sociedad tiene o desea alcanzar. Por ello, la discusión sobre si la información debe o no ser considerada como un bien público seguirá empantanada si continuamos asumiendo que existe algo naturalmente público o naturalmente privado.

Al intentar superar los atolladeros prácticos, la teoría económica convencional solo proporciona una ayuda básica. En las sociedades contemporáneas, los criterios sobre lo público formulados por Adam Smith o Paul Samuelson no bastan para encontrar opciones óptimas de política económica ni para lograr una asignación eficiente de recursos. Los dispositivos tecnológicos, las creencias religiosas o las preferencias éticas impiden que, de manera simple y directa, un bien pueda ser definido como público revisando si alguien puede ser excluido de su consumo o si su consumo genera rivalidad entre personas.

Para poder incorporar dimensiones históricas y contingentes en la discusión, se requiere definir “lo público” según sus consecuencias. En ese sentido, un bien público sería aquel cuyas bondades pueden extenderse mucho allá del ámbito inmediato de su aparecimiento inicial para beneficiar a un número cada vez mayor de personas, independientemente de que estas hayan deseado recibir ese beneficio o hayan aportado a la generación de ese bien. Desde este enfoque, que invita a apreciar las externalidades de la existencia social de un bien o servicio, la pregunta es: ¿qué beneficios podrían obtenerse considerando a la información como un bien público?

Cuando se admiten las paradojas generadas por las actuales convenciones imperantes sobre ‘lo privado’, se aprecia carencia de información suficiente, oportuna y adecuada para facilitar el funcionamiento de la economía capitalista y para mitigar sus eventuales consecuencias perversas. Ante la subprovisión espontánea de un bien por parte de la sociedad o el mercado, se puede plantear que ese bien sea tratado como un bien público, esto es, como algo cuya producción, circulación y distribución deberían sujetarse a regulaciones (pocas o muchas) efectuadas desde el Estado, la instancia máxima de decisión deliberada de una sociedad.

En Latinoamérica abundan evidencias de que los agentes económicos y políticos suelen estar poco dispuestos a proporcionar espontáneamente información sobre lo que hacen o dejan de hacer. El manejo estratégico de la información es, precisamente, un recurso utilizado por aquellos para continuar vigentes en sus campos de actividad. Esta subprovisión de información generada desde los comportamientos privados entorpece objetivos colectivos de bienestar.

Gracias a las deficiencias y asimetrías en la información socialmente disponible, por ejemplo, se perpetúan múltiples modalidades de abuso por parte de quienes tienen acceso al conocimiento sobre las características efectivas de un bien, acción o proceso. Entre aquellas se encuentra ‘el rentismo económico’, una costumbre que les permite a unos pocos privilegiados asegurarse ganancias extraordinarias que no obtendrían por sus propios méritos y esfuerzos.

En nuestra historia, el tratamiento de la información como un ‘bien de grupo’ ha facilitado la reproducción de un statu quo que perjudica a quienes emprenden y trabajan sin recurrir a artificios para la manipulación de los mercados. Convertir a la información en un bien público podría significar un paso hacia el sinceramiento de lo que somos y hacia transformaciones más sustantivas. A la sociedad ecuatoriana le competerá vigilar para que así suceda. (O)