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La derogatoria del Decreto 16 corrige un error histórico de Alianza PAIS
Un principio general rige en democracia: todo poder necesita regulación, tanto el que emana de la función pública, como el de las actividades privadas. Un ejemplo: la banca requiere controles fuertes, y cuando pasa lo contrario -como ocurrió en la era del neoliberalismo salvaje- se desató el desenfreno financiero y el país sufrió el mayor crac económico de su historia.
En tiempo reciente, la visión anglosajona y europeísta de democracia acuñó una palabra: sociedad civil, una especie de baluarte de la libertad. Se trata de un amplio concepto en el que tienen cabida: sindicatos, colectivos sociales y étnicos, organizaciones no gubernamentales, ecologistas y gremios...
En otras palabras, son grupos que tienen cierta representación ciudadana, pero no participan en política electoral. Y como tienen incidencia en la vida social, su palabra es respetada y escuchada.
De ahí emerge su poder, a la vez que nace la necesidad de su regulación para aceitar el sistema democrático que funciona bajo el principio de equilibrio entre poderes. Con ese antecedente se emitió el Decreto 16 que imponía requisitos a la sociedad civil, como condición para funcionar. Pero el decreto pasó de un extremo a otro; de la nada al muro... con una sola firma.
Cuando el entonces presidente Correa inició una jornada nacional de diálogos, luego de las protestas por las leyes de Herencia y Plusvalía, el Decreto 16 siempre saltaba como canguil. Desde las pequeñas organizaciones sociales, la norma era vista como un cortafuegos a sus aspiraciones. Eso dolió en la izquierda, porque muchos integrantes del gobierno habían surgido de allí, del activismo social. Más de uno se preguntó, con reprimida vehemencia, si con la regulación vigente hubieran podido liderar algunas de sus organizaciones. Finalmente se modificó, pero el cambio no satisfizo. En la era Moreno, la oposición a esa norma se mantuvo como aspiración de los colectivos, sobre todo de la Conaie, la organización indígena más grande e influyente de Ecuador.
Una administración no puede llamarse de izquierda y dar la espalda a los indígenas y sindicatos. Lenín Moreno se apresta a corregir ese error histórico, que significó el alejamiento de actores sociales y políticos de gran valor. Basta ver los resultados de las elecciones pasadas: un banquero, en representación de poderosos grupos empresariales, ganó en las provincias más pobres y con mayor población indígena. Cuando se hicieron las lecturas sobre esos números todos los analistas del gobierno coincidían en que algo se había hecho mal. De allí la importancia del diálogo con los indígenas, sobre todo con la Conaie.
Nace otro marco regulatorio para las ONG y la posibilidad de mejorar la convivencia social. En lo político se abre otro abanico que se plantea en forma de pregunta: ¿el movimiento indígena se aproximará al proyecto liderado por Moreno?
Otro dato a tener en cuenta y que provoca susto es la posible reinscripción de la Unión Nacional de Educadores (UNE). El país aún recuerda las imágenes de paros indefinidos de maestros, o cuando se exigían 25 dólares de “ayuda voluntaria” para matricular a los niños.
Si la UNE quiere recuperar su personería jurídica, primero debe hacer una catarsis interna: renunciar para siempre a huelgas que perjudicaban a los estudiantes. No había año sin paro; ese círculo vicioso afectaba a los jóvenes, que sin educación no pueden salir de la pobreza. Ese fue el daño mayor que se hizo a una generación completa: con su acción, la UNE liquidó muchas oportunidades de superación. (O)