Los supuestos malos manejos económicos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) no serían nuevos. Hace más de una década la entidad ya habría registrado inconsistencias y de ello dan fe auditorías y testimonios de exmilitares.

Así lo señala, por ejemplo el informe N° DA3-01-2005 de la Contraloría General del Estado de 2003, que detectó contradicciones en las cuentas por cobrar; falta de información sobre las inversiones en bienes y raíces y proyectos de vivienda y activos fijos; estados de flujo de efectivo y de ejecución de programa de caja incompletos;  cuentas de inventario y patrimonio que difieren de las escrituras, terrenos cuyo avalúo no se registró adecuadamente en los estados financieros e irregularidades en el pago de deudas de compañías externas.

La auditoría financiera realizada al Issfa, a la cual tuvo acceso diario EL TELÉGRAFO, corresponde al período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2003.

Tanto el sistema de contabilidad, como el de presupuesto –según el examen especial del organismo de control- no proporcionaron información financiera “completa y oportuna”.

Además no habrían existido informes de evaluación que permitan conocer los resultados de la gestión financiera y presupuestaria.

Incluso, la entidad cofinanciada por el Estado no ejecutó en su totalidad el Plan Anual de Control de auditorías internas, debido a que se suspendieron por falta de personal. En ese sentido, el informe de Contraloría destaca: “En 2002, a más de las funciones que le correspondían según el Reglamento Orgánico Funcional del Issfa, dos auditores realizaban labores de comisarios en empresas que el Issfa mantiene acciones y participaciones. Los auditores participaron en las reuniones del Comité de Inversiones”.

En este punto, los militares retirados pertenecientes a la tropa critican que el Issfa, aunque reciba fondos públicos, no tome en cuenta las resoluciones de exámenes especiales de la Contraloría.

“Cuando se fundó el Issfa se estableció que estaba exento de auditorías externas, pero, ¿cómo va a ser así si tiene dinero del Estado y de nosotros? ¡Eso es absurdo! Aquello ha servido para que los oficiales del directorio manejen el Issfa como hacienda propia”, reclamó el vicepresidente de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo y presidente de la Asociación de Combatientes del Cenepa, Pablo Terán.

Según datos del Issfa, solo en 5 años (2010-2015) se habrían registrado faltantes por más de $ 70 millones. Incluso en 2002, por ejemplo, la Contraloría General del Estado determinó que las inversiones que se hicieron en ciertas áreas fueron superiores a las presupuestadas. En la administración de Seguridad Social se programaron $70’255.630, no obstante se gastó $81’541.509, registrando una diferencia de $11’285,879.

De igual forma, en 2003 se gastó $ 10’358.915 más de lo previsto y en cuanto a los préstamos hipotecarios del Fondo Inmobiliario de Fuerzas Armadas (Fonifa) de lo planificado ($10’966.730) se gastaron $15’808,366.

El informe concluyó que la proforma presupuestaria no fue realizada en base a un análisis técnico y recomendó al director de la entidad de ese entonces “supervisar la ejecución presupuestaria en todas sus bases (…). En caso de detectar desviaciones tomará las acciones correctivas necesarias”.

Otra de las conclusiones de la auditoría financiera es que los fondos rotativos y de caja chica no fueron controlados adecuadamente, porque no existía una reglamentación que limite los montos de los fondos que podían ir desde $ 1 a $ 388 por conceptos varios.

Incluso, las agencias del Issfa no retuvieron el impuesto a la renta y la regional de Guayaquil compartía el pago de luz y agua con la dirección de movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Algo que también llama la atención en ese informe de auditoría es que en 2003 se destinaron $ 11.400 en 21 fondos rotativos distribuidos en diferentes provincias para atender gastos funerarios que no fueron utilizados, tomando en cuenta que en ese mismo año se gastaron $ 47.567 en funerarias; es decir $ 42.057 más de lo presupuestado ($ 5.510).

Rubros no recuperados

Por otro lado están las cuentas por cobrar que al 31 de diciembre de 2003 eran de $ 11’790.107. De las únicas 4 empresas que contestaron la solicitud del director económico financiero en enero de 2004, la Contraloría pudo confirmar tan solo $ 1’025.434.

Meses antes, el 16 de octubre de 2003, el contador general justificó y atribuyó cualquier diferencia entre el saldo contable y el confirmado al retraso en la información que las empresas proveen. En este período la Contraloría también detectó que existían cuentas por cobrar por más de 24 meses que no se recuperaban  y que ascendían a $ 41.654.

En el caso de las Farmacias de las Fuerzas Armadas (Farfa), varios clientes respondieron pero solo se lograron confirmar $1.942 de los $103.091 a los que ascendieron las cuentas por cobrar.

La auditoría dedica varios capítulos al manejo de las Farfa debido a que la Comisión de Adquisiciones de dicha entidad no respaldó los productos adquiridos con convenios o contratos. “La ausencia de contratos escritos, como de garantías de cumplimiento de los proveedores, impide contar con respaldos para exigir la entrega oportuna de los productos o iniciar las acciones legales en caso de incumplimiento”, determina el examen especial.

Además explica que de las 62 reuniones que mantuvo la Comisión de Adquisiciones en 2002, el delegado de asesoría jurídica no acudió a 49, por lo que no conoció varias de las decisiones tomadas.

También menciona que los objetivos planteados de incrementar las ventas no se alcanzaron y en contraste se observó –según el informe- que ciertas farmacias mantenían gastos de personal, servicios y materiales que superaban el 50% en relación a la utilidad bruta en ventas, registrando pérdidas.

En esta línea, entre 2002 y 2003 se registraron pagos extras a pensionistas por $ 142.875, de los cuales se logró recuperar $ 127.055. Estos pagos extra o “errores” se deben a pensiones a hijos que cumplieron la mayoría de edad, pero que no actualizaron sus datos o viudas que se casaron nuevamente y no lo informaron.

Para los militares retirados de la tropa siempre hubo una mala administración dentro de la institución desde sus empresas (leer subnota). “Es mentira que las empresas del Issfa fueron bien administradas. En el informe del coronel (retirado) Adolfo Ochoa enviado al entonces presidente, Lucio Gutiérrez, ya se le informaba de la quiebra de las empresas Alpayura, Sibursa, Coecuagas, Tecfaprev y Aspros. ¿Por qué quebraron? Por la mala administración de los directores. Y todas esas pérdidas millonarias pagó el Issfa”, reclamó el presidente de la Asociación de Combatientes del Cenepa (I).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministro de Defensa renunció   

Cordero deja dos acuerdos para lograr equidad

Luego de 18 meses al frente del Ministerio de Defensa, ayer Fernando Cordero renunció al cargo “para permitir, que en la nueva época de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la seguridad social que hemos inaugurado, el presidente Rafael Correa pueda designar a quien considere pertinente para continuar ese propósito”.

En una breve conferencia de prensa  aseguró que en ese periodo debió responder a múltiples y manipuladas campañas de desinformación. “Todo lo hicimos sin sacrificar ni un solo instante la transparencia de la información, el respeto a la Constitución y la ley. En esa línea impulsamos un conjunto de acciones y proyectos para crear mejores condiciones de vida para la población militar y sus familias, para eliminar todo resquicio de segregación o discriminación en la institución”.

Antes de dejar el cargo suscribió dos acuerdos ministeriales que procuran la equidad al interior de las FF.AA., acogiendo -dijo- un pedido de los mismos militares activos y pasivos.

El primero establece que en todos los repartos, unidades militares y dependencias del Ministerio de Defensa se eliminen los tratos discriminatorios entre la oficialidad y la tropa, disponiendo que todos los espacios diferenciados como casinos, comedores, accesos y baños sean compartidos por todos los uniformados, sin distinción de grado o cargo.

El segundo acuerdo dispone la unificación del sistema de reclutamiento para tropa y oficiales, haciendo efectivo el principio constitucional de la meritocracia. “Los cupos para las escuelas de formación de oficiales y tropa serán asignados conforme al puntaje obtenido por cada aspirante”, reza el documento, que además crea una Comisión General de Reclutamiento y Selección de Aspirantes integrada por el Ministro de Defensa, el Viceministro y el Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. Dicho organismo tendrá 15 días de plazo, a partir de su conformación, para presentar el plan de unificación.

Cordero lideró la cartera de Defensa en septiembre de 2014, en reemplazo de María Fernanda Espinosa. Al poco tiempo de asumir el cargo, Cordero anunció que el sistema de seguridad social de las FF.AA. sería reestructurado y aunque aclaró que el Issfa no desaparecerá, la noticia causó inconformidad entre los militares.

Otro impasse se produjo en diciembre del año anterior, cuando cuestionó el respaldo de la cúpula militar a los oficiales procesados en el caso “Vaca-Cajas-Jarrín”, por delitos de lesa humanidad. Y finalmente, un grupo de militares retirados lo declaró persona non grata por la decisión de descontar $ 41 millones al Issfa por un sobreprecio en la compra de terrenos en Samanes. (I)