Seis importantes recomendaciones constan en el informe de auditoría que realizó Contraloría a los pasivos  ambientales (contaminación) dejados por Chevron-Texaco en alrededor de 400 mil hectáreas de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, donde durante 28 años extrajo petróleo de manera antitécnica.

El examen especial se efectuó en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2014. En las conclusiones se destaca que el 80% de lugares seleccionados para el análisis de los pasivos ambientales presentan elevadas concentraciones de hidrocarburos que superan los límites permisibles.

Tras detectarse que el daño ecológico y a la salud humana persiste, se formulan recomendaciones a empresas del Estado para que efectúen actos de recuperación, de gestión ambiental, socialización y revisión de toda la zona afectada.

En primer lugar se recomienda a la Gerencia de Petroecuador que disponga la entrega de la información de los pasivos ambientales a la Gerencia del Proyecto Amazonía Viva de Petroamazonas EP, a fin de que en esta gerencia se consolide la información base para el conocimiento de características y acciones que se ejecutaron en las fuentes de contaminación antes de la creación de la empresa Petroamazonas EP.  

En segundo lugar, recomienda a los gerentes de Operaciones Río Napo Compañía de Economía Mixta (Orncem) de Petroamazonas, de Petroecuador y de Amazonía Viva que dispongan a los responsables de gestión ambiental y social la entrega de la información relacionada con denuncias, comunicados, mapas, fotos, caracterizaciones e identificación de pasivos ambientales y sociales al Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente, a fin de generar información para tomar decisiones que contribuyan a la eliminación de pasivos socioambientales generados por actividades hidrocarburíferas.

En tercer lugar, se recomienda a los gerentes del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) y Proyecto Amazonía Viva disponer la coordinación interinstitucional para validar la información entregada por las entidades citadas, a fin de que Amazonía Viva complete las fichas de caracterización de los pasivos, en las que incluyan los identificados en el informe, de tal manera que le permita al Proyecto Amazonía Viva valorar los pasivos ambientales, diseñar y aplicar la metodología de rehabilitación integral, de acuerdo a sus particularidades.

La cuarta recomendación va dirigida a la Gerencia de Amazonía Viva para que coordine con el Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente, con la Procuraduría y con los órganos encargados de administrar justicia que tengan a cargo procesos judiciales relacionados, la procedencia de ejecutar las acciones de restauración integral de pasivos ambientales y sociales, en sitios que puedan ser parte de dichos procesos.

La quinta recomendación va también dirigida a la Gerencia de Petroamazonas. Le pide informar al PRAS los avances del proceso de rehabilitación integral de los pasivos ambientales y sociales, con el objetivo de mantener actualizado en el inventario el estado de los mismos.

La sexta recomendación está dirigida a la Gerencia del Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente, para que disponga que en el caso de eliminación de pasivos socioambientales o remediación de las  zonas afectadas, se cumpla con la totalidad de trabajos estipulados en los programas de remediación y se verifique el cumplimiento de las condiciones y límites máximos permitidos, establecidos en la normativa vigente.        

Según el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

El contralor, Carlos Pólit, dijo a la prensa que los resultados del informe revelan con claridad lo sucedido, lo que existe y lo que pasaría a futuro si no se toman acciones inmediatas en favor de la población. Resaltó que si las recomendaciones no se aplican habrá sanciones para esas instituciones, pues indicó que “no hay otra alternativa” que reparar, pero que será otro insumo para la justicia local y extranjera que maneja procesos legales al respecto.

“Ojalá que el informe sirva también para que en el futuro las empresas que explotan nuestros campos petroleros cumplan a cabalidad las normas ambientales que tienen que respetarse en Ecuador”, dijo. (I)

DATOS

La acción de control de la Contraloría se efectuó en base a las normas que estipulan que el examen debe ser planificado y ejecutado para obtener certezas razonables.

Para tener certezas, Contraloría contrató a un laboratorio reconocido ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, que hizo el análisis fisicoquímico del suelo, agua y sedimentos de zonas donde operó Texaco.

Resultados de laboratorio establecen que de 242 muestras de suelo tomadas a 015, 05, 1, 2 y 3 metros, 58 superan el límite permisible máximo de concentración de hidrocarburos para ecosistemas sensibles y 30 el límite para uso de suelo agrícola.

La presencia de contaminantes liberados en operaciones petroleras afecta el ecosistema de la Amazonía y no permite que esos suelos sean destinados a uso productivo.