El presidente de la República, Rafael Correa, volvió a cuestionar ayer al Consejo de Disciplina Militar, que adoptó por unanimidad inadmitir a trámite la sanción en contra del capitán de corbeta Edwin Ortega, por enviar una carta insultante al Mandatario quien, a su vez, es el Comandante en Jefe de las FF.AA.

Durante su discurso en el Coliseo Rumiñahui por los 48 años de vida del Seguro Social Campesino, Correa aseveró que lo más indignante es que el Consejo de Disciplina no niega la falta, sino que desconoce al Jefe de Estado como la máxima autoridad de las FF.AA., pasando por encima de la Constitución: “Si insultan a un General ahí sí va la pena más alta, pero si se insulta al Presidente no hay problema. Rompieron la Carta Magna”, cuestionó.

Recordó que cuando surgió el problema con el Instituto de Seguridad Social de las FF.AA. (Issfa) por el cobro de $ 41 millones extra por la compra del parque Samanes, terrenos que estaban a nombre de la institución, el Jefe de Estado envió un correo electrónico a los 40.000 soldados explicándoles las razones por las que se debitaría ese monto. Ante ello “nos contestaron centenas de uniformados y la inmensa mayoría con un gran cariño, algunos cuestionando y unos 16 malcriados ofendiendo. Este señor dice que no ha insultado al Presidente (...) Me dicen que pertenece a la primera antigüedad y aquí hay unas faltas de ortografía clamorosas. Le dice al Presidente de la República que la única violación cometida fue la de pedir la orden de dicho débito, es decir que está acusando al Mandatario de cometer ilegalidades”.

Además, Correa leyó una parte de la carta en la que Ortega pregunta: “¿Por qué estos últimos años ha tomado decisiones que hasta los más jóvenes de la tropa las considerarían como un atentado contra nuestra moral y bienestar?, intenta dividir desinformando en las sabatinas”.

Frente a ello enfatizó que “cuesta creer que esté escribiendo un oficial de la Armada, parece que está escribiendo el peor de los politiqueros”.

Frente a la decisión del Consejo de Disciplina de las FF.AA. de no sancionar a Ortega, Correa presentó una acción de protección el 26 de agosto pasado en contra de los miembros de dicho Consejo: los capitanes de fragata Luis Ordóñez Eras; Luis Eduardo Kon Becerra; Marco Vinicio Cáceres Vásconez; Diego Fernando Rubio Espinoza; y el capitán de corbeta Zumárraga José Pontony Aguinaga.

De acuerdo con el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dicha denuncia no pretende destituir a ningún funcionario, sino que se determine con claridad de que el Presidente de la República es la máxima autoridad de las FF.AA., y por lo tanto (Ortega) debe ser castigado aunque sea con la mínima sanción, o a cualquier oficial que lo ofenda, como pasa en cualquier parte del mundo.

Por el contrario, Jorge Zavala, asesor legal del Consejo de Disciplina Militar, dijo en una entrevista en un canal de televisión privado que la demanda no tiene fundamentos porque -en su criterio- el Presidente de la República no es un jefe militar sino una “autoridad civil de las FF.AA.: “No puede ser objeto de sanción un inferior jerárquico con respecto a una autoridad extraña superior civil”.

El artículo 147, literal 16, de la Constitución, determina que entre las funciones del Presidente o Presidenta de la República está “Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial”. Asimismo, el artículo 159 determina que las “Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”.

Se cuestionan políticas

Otro de los temas sobre los que el Presidente reflexionó ayer fue que Ortega, en su contestación, objetó las investigaciones y procesos judiciales iniciados en contra de uniformados por delitos de lesa humanidad, suscitados en los años 80 en contra de civiles, algunos miembros del grupo conocido como Alfaro Vive Carajo.

Indicó que la investigación en este sentido la impulsa la Fiscalía, un ente autónomo: “O sea a ellos (militares) no hay que juzgarlos (...) Ellos ya definieron a Alfaro Vive como terroristas. Tenemos fascismo dentro de nuestras filas. Es hoy o nunca que cambiamos este país; todos unidos a rechazar estas posturas intolerables en la patria democrática del siglo XXI”.

Ortega no es el único que ha cuestionado los juicios por lesa humanidad presentados en contra de militares y exmilitares. El exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Ernesto González, expresó en una entrevista en diario El Universo publicada ayer que los problemas con la institución se agudizaron “cuando el Gobierno creó la Comisión de la Verdad, ese juicio no tiene ni pies ni cabeza, no hay los sustentos para decir que se cometieron crímenes de lesa humanidad”. Agregó  que “la relación se va deteriorando porque ha estado rodeado de subversivos, de exmiembros de Alfaro Vive y estos individuos son los que ejercen influencia en su afán de revancha”.

Definió a las problemáticas entre el Gobierno y la clase uniformada como una “cortina de humo ante la grave situación económica”. A esta aseveración se sumó el precandidato presidencial Guillermo Lasso, a quien los medios privados, así como a Ortega y González, les brindaron generosos espacios para pronunciarse y rebatir (ver gráfico).

En esto discrepa el excomisionado Julio César Trujillo, para quien la Comisión de la Verdad “no se creó para perseguir a las FF.AA.”.

Fidel Jaramillo, exintegrante de la Comisión, aclaró que no solo existen víctimas de Alfaro Vive, sino menores de edad como los hermanos Restrepo e incluso algunos militares.

A decir de Jaramillo, garantizar y defender los derechos humanos no responde a ninguna persecución o afán de venganza sino que era una deuda que el Estado tenía con las víctimas, y la ciudadanía en general cree que no se realizó en gobiernos anteriores por “falta de voluntad política”. (I)

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Alexis Mera anunció que habrá otro proceso similar

La acción de protección planteada por el Jefe de Estado fue aceptada

La jueza de lo Civil, Vanessa Wolf, aceptó la acción de protección solicitada por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en contra del Consejo de Disciplina de las Fuerzas Armadas (FF.AA).

Este tribunal militar, conformado por cinco oficiales de la institución resolvió -por unanimidad- no sancionar al capitán de corbeta Edwin Ortega, acusado por el Ministerio de Defensa de  “realizar actos de manifiesta violencia e indisciplina contra un superior”, en este caso el Jefe de Estado.

Wolf indicó que como reparación integral se dejó sin efecto la resolución declarada por el Tribunal Militar y que, en los próximos días, deberá conformarse uno nuevo “respetándose las normas constitucionales”.

La audiencia inició a las 15:00 de ayer en la torre 9 de la Unidad Judicial Norte, ubicada en la Florida, en el norte de Guayaquil. A la misma no asistieron ni el ofendido, en este caso el presidente Correa ni la parte accionada conformada por Luis Ordóñez Eras, Luis Kon Becerra, Marco Vinicio Cáceres, Diego Rubio Espinosa y José Zumarraga Pontón.

Quien estuvo presente fue el capitán Ortega representado por el abogado Juan Vizueta.

La diligencia empezó con la declaración de Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, quien destacó en varias ocasiones que no se estaba juzgando la conducta de Edwin Ortega, sino la vulneración de derechos en contra del Primer Mandatario. Asimismo señaló que tampoco era el objetivo solicitar una reparación de carácter económico, sino que se reconozca que el Presidente es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y que se garantice que no se volvieran a vulnerar los derechos del mismo. “En todo sistema jerárquico es causal de despido injuriar al jefe”.

La audiencia terminó en menos de una hora. La jueza se tomó unos 5 minutos para dictar la resolución. A la salida, Mera reiteró “queda claro que no estamos juzgando la conducta del capitán Ortega. Lo único que estamos peleando es que se establezca que el Presidente es autoridad militar y que los insultos deben ser castigados. En este mismo momento quedó sin efecto la resolución del Consejo de Disciplina y va a volverse a juzgar”.

De igual manera reveló que se presentará otra acción de protección “en las próximas horas” por otro caso similar en el que se estableció que el Presidente no es autoridad militar.

Edwin Ortega expresó que “seguiré apelando. Lo que importa es que estoy presente como hombre de bien y ratifico que jamás he ofendido al Presidente de la República”. Él sostuvo que confía en que el nuevo Consejo de Disciplina se ratificará en la anterior resolución y “si tengo que ser sancionado pues lo seré”.

Juan Vizueta, defensor de Ortega, manifestó que “la jueza no tomó en consideración las alegaciones que presenté. Hemos señalado que existían otras vías para haber impugnado la decisión del Consejo de Disciplina y no se  hizo nada al respecto”. (I)