Gutiérrez prometió al FMI no dar créditos

A menos de un mes de asumir la Presidencia, Lucio Gutiérrez se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reducir “al mínimo de las transferencias provenientes del Gobierno central” para el IESS, el ISSFA y el ISSPOL, y para ello pidió asistencia técnica internacional.     

Esa fue una de las tantas medidas que su gobierno planteó para acceder a un crédito de $200 millones  para cubrir -según consta en la Carta de Intención suscrita el 11 de febrero de 2003 en Washington- el déficit  heredado de la administración de Gustavo Noboa.

Para suscribir ese convenio, el Ecuador debía antes cumplir algunos requisitos. Y 4 días después de ser posesionado, el 19 de enero de 2003, Gutiérrez elevó los precios de los combustibles en un 25%; el Comexi eliminó aranceles a las importaciones; y se comprometió a reducir los subsidios a los servicios públicos.

El golpe más fuerte fue para los afiliados a la seguridad social, aún impactados por la dolarización, una vez que se suspendió la entrega de préstamos hipotecarios y quirografarios argumentando que era una medida necesaria ante el incremento sustancial (25%) de las pensiones jubilares dispuestas por el gobierno anterior.

Este compromiso se mantuvo en sigilo para la prensa, pero en noviembre de 2003 fue imposible no registrar el malestar de los afiliados cuando les comunicaron la suspensión de los préstamos hipotecarios y, un mes después, de los quirografarios. Aquello molestó más a los afiliados que  meses antes ya contaban con la precalificación.

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El entonces miembro del Consejo Directivo del IESS, Bruno Frixone, explicó que se debía a un problema de calificación con la banca privada. En realidad, la aspiración de Gutiérrez y que quedó registrada en el documento dirigido al FMI, era reducir las operaciones de crédito de $ 158 millones entregados en 2002 a  $ 40 millones en 2003.

Eso provocó además la suspensión de los créditos del Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos (IECE), que atribuyeron el inconveniente a la situación del IESS.  

La Carta de Intención fue elaborada por el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, y el expresidente del Banco Central del Ecuador, Mauricio Yépez. Según consta en el documento, el acuerdo con el FMI promovería el crecimiento sostenible de la economía, pero aquello no convenció ni siquiera a los empresarios que viajaron a Washington para esa firma, quienes lo tildaron de insuficiente.

El economista Walter Spurrier declaró en aquella época a diario El Universo que esas medidas podían reducir el déficit fiscal, pero “el dinero que entra al país (por préstamos que consigue el régimen) no le llega a la gente”.

En 2003, los estatutos del IESS establecían entre los requisitos que el afiliado tenga  un mínimo de 60 aportaciones mensuales (5 años) y que no posea vivienda propia. Así, podía acceder a un crédito desde $6.000 hasta $30.000, pero la entidad solo financiará el 70% del valor de la vivienda, mientras que el afiliado debía aportar el resto.   

Y en ese “esfuerzo para fortalecer el sistema de seguridad social”, el gobierno de Gutiérrez también pidió al FMI asistencia técnica de instituciones internacionales para evaluar los procedimientos y balances actuariales del IESS, ISSFA, ISSPOL hasta septiembre de 2003, a fin de plantear una estrategia de reforma orientada a “garantizar ingresos razonables y estables para los jubilados; la reforma incluirá la eliminación de los déficit actuariales y la reducción al mínimo de las transferencias   provenientes del Gobierno central”.   

La privatización y eliminación de subsidios eran parte de la ‘receta’

El compromiso de Gutiérrez con el FMI también estipulaba el congelamiento de los salarios y, en el caso de una caída del precio debarril de petróleo, “el Gobierno compensaría la totalidad de la merma con reducciones del gasto”. Mediante una reforma pretendía reducir el número de empleados públicos y pedir apoyo  financiero  al Banco Mundial para las liquidaciones. 

Además planteó “focalizar mejor la ayuda en efectivo a los más pobres y eliminar el subsidio al precio del gas doméstico”, pues consideró que ese subsidio distorsiona la economía, propicia el contrabando y la corrupción. Con ello aspiraba generar $ 40 millones  netos en 2003.

El plan también proponía liquidar a Filanbanco y, al menos, a ocho de los bancos cerrados que en manos de la ex-Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Pero con ello venía también la privatización de Andinatel, Pacifictel y de la distribución eléctrica.  

Hoy en día, el expresidente parece no recordarlo y asegura que “mientras yo cuidaba celosamente el dinero de todos los ecuatorianos hice créditos a un interés menor al 2%, este Gobierno se endeuda al 10,5%. ¿Cuál es el irresponsable?”.

Para él, la economía no puede manejarse con ideologías y, en su afán de compararse con la actual administración, sostiene que conducir un país es una ciencia, que requiere dedisciplinada y austeridad en el manejo de los recursos.

No obstante, cuando suscribió el acuerdo con el FMI comprometió el 70% del Fondo de Estabilización Petrolero para la recompra de deuda externa, mientras el 10% iría a gasto socialy un 20% para afrontar contingencias. (I)