Las principales organizaciones indígenas y ecologistas de Ecuador se movilizaron este jueves en Quito para pedir el fin de la actividad de exploración y explotación mineras.

Alrededor de 300 representantes de delegaciones de cuatro provincias afectadas por los proyectos mineros iniciaron un recorrido que partió desde el parque El Arbolito, para dirigirse a la Contraloría General del Estado y al Palacio Carondelet, donde tenían previsto entregar sus demandas.

"Tenemos tres grandes objetivos: el primero, que se respete y constituya un acuerdo tras las declaraciones del presidente (Lenín Moreno) el 11 de diciembre, cuando dijo en una reunión con el movimiento indígena que no iba a haber más concesiones mineras y se revisarían las actuales", explicó Braulio Gutiérrez, del grupo Acción Minera.

De acuerdo con el representante de esta ONG ecologista, el Catastro Minero a fecha del pasado 3 de enero, recoge en contra de la promesa presidencial, que se han aceptado aproximadamente 70.000 hectáreas en concesiones a diferentes proyectos mineros.

La segunda exigencia por parte de las comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y verdes, va dirigida a la Contraloría, donde presentaron unos expedientes de seis grandes proyectos mineros, al que se suma el de Cascabel, que si bien no está incluido dentro de los estratégicos, se encuentra en proceso de explotación, refirió la fuente.

Dicho proyecto junto al de Llurimagua se encuentra en la provincia de Imbabura; Río Blanco y Loma Larga en Azuay; Panantza-San Carlos en Morona Santiago, y Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, enumera un comunicado de los convocantes.

Según los denunciantes, han provocado "graves violaciones de los derechos humanos y la naturaleza".

Por último, indicó el representante de Acción Ecológica, va a exigir una auditoría y veeduría ambiental de los proyectos y la renuncia del ministro de Minería, Javier Córdova, "porque está dando títulos mineros".

Los grupos participantes en la marcha argumentan para su convocatoria que "alrededor del 15 por ciento del país está concesionado para la extracción minera".

Urgen a frenar el fenómeno especialmente porque el próximo referéndum previsto para el 4 de febrero, "en su pregunta 5, hace alusión a prohibir la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos".

En este sentido, se plantean qué sucederá a partir de entonces y llaman a detener la entrega de más concesiones mineras e iniciar un proceso de revisión de las ya otorgadas. (I)