Fundamedios solicita 7 rectificaciones

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) envió a EL TELÉGRAFO 7 cartas (30 páginas), de las cuales 2 exigen rectificación o réplicas de remitidos (publicidad) amparados en la Ley de Comunicación y su Reglamento.

Para hacer tal exigencia el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, se basa en el artículo 9 del Reglamento a la LOC y pide la publicación de otro remitido (publicidad pagada) firmada por la supuesta presidenta (e) de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape), Susana Piedra.

Lo que Fundamedios no admite es que la directiva de la Fenape legalmente registrada en el Ministerio de Educación el 31 de agosto pasado, es la liderada por Édgar Quiñones, como lo demuestran los documentos a los que accedió este Diario.

LEA EL REGISTRO DE LA DIRECTIVA 2015-2017 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS DEL ECUADOR (FENAPE) EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El director de la ONG, que en sus cartas y en su página web dice “defender los derechos humanos y promocionar el derecho a la libertad de expresión”, al ser consultado vía telefónica sobre la base legal en la que fundamenta su pedido y cuál es el objetivo de remitir tantas cartas con un mismo texto, se limitó a acusar a EL TELÉGRAFO de publicar “mentiras” y arremetió contra el periodista encomendado a dar viabilidad a su pedido.

Negó que Fundamedios se considere órgano de control del Estado e increpó al periodista a que le aclare “¿en qué artículo de la LOC consta que solo la Superintendencia de la Información y Comunicación  (Supercom) puede pedir rectificaciones de este tipo (remitidos)”.

Antes de cerrar la llamada telefónica y de acusar al periodista de que “se comporta con toda la poca ética de la que es capaz”, Ricaurte exclamó: “Lo que estoy pidiendo es que me repliquen, con el material que mandé, las notas que ustedes han publicado con mentiras acerca de la organización”.

Lo cierto es que el artículo 9 del Reglamento a la LOC señala: “El derecho de rectificación y el derecho de réplica que las y los ciudadanos realicen en los medios de comunicación audiovisual puede efectuarse de las siguientes maneras: de forma personal, mediante una grabación de audio o vídeo y mediante carta”.

Ese artículo añade que en el caso de los medios impresos, “el contenido de la rectificación así como los argumentos de réplica, se remitirán al medio por escrito por parte de la persona afectada, quien se identificará para tales efectos. Esta comunicación podrá ser enviada en soporte físico o mediante un texto electrónico y el medio impreso deberá publicarla en el mismo espacio y sección en que se difundieron los contenidos que motivaron la petición de la rectificación o réplica”.

Por otra parte, el artículo 23 de la LOC, en lo referente al derecho a la rectificación, estipula que: “Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta ley...”.

Ese mismo artículo destaca que “en caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de rectificación, la Supercom podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo medidas administrativas”.

Algunas de estas medidas son “lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública en el mismo espacio, programas, secciones y medio  en que se difundió la información no demostrada, falsa o inexacta...”.

¿Qué argumentan las cartas?

En 2 de las cartas enviadas por Fundamedios al director de EL TELÉGRAFO, Orlando Pérez, se refiere a los “remitidos” publicados por la Fenape y el Colegio de Periodistas del Guayas el 13 de septiembre pasado, donde consta la respectiva firma de responsabilidad de quienes pautaron la publicidad, como se lo destaca en los encabezados.

Pese a ello, la ONG acusa a este Diario de mentir y que la finalidad es “desacreditar nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y criminalizar las labores de protección y promoción del derecho a la libertad de expresión que realizamos diariamente”.  

Y añade que “estas aseveraciones, además de ser falsas y no estar respaldadas por prueba alguna, constituyen un mecanismo de hostigamiento y presión a quienes, desde la sociedad civil, nos dedicamos a la protección y promoción de los derechos humanos. Afirmaciones de este tipo y su difusión merman nuestro derecho a la honra, así como la credibilidad de la que gozamos frente a la ciudadanía, además de exponernos a posibles actos de violencia por parte de ciertos sectores de la población”.

El tercer y último párrafo, que es igual en todas las cartas, señala: “En virtud de lo expuesto y en base a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación, solicitamos a usted que se difunda en el medio que usted dirige el material que adjuntamos sin modificación alguna, de igual tamaño y en la misma sección en donde fue publicada la precitada noticia, con el fin de que podamos exponer a la ciudadanía nuestra posición frente a estas afirmaciones a manera de rectificación y réplica”.

Las otras cartas se refieren a notas publicadas en este Diario, pese a que contienen información proporcionada por la misma ONG o datos que constan en su web, ellas son: ‘Fundamedios se disolvería por violar sus estatutos’; ‘La Fenape respalda proceso iniciado contra Fundamedios’; ‘Arízaga: Fundamedios puede actuar en el ámbito de su competencia, pero acatando las normas del país’; ‘Fundamedios presentó dos consideraciones de hecho y pidió seis pruebas a su favor’; y ‘Fundamedios hace política, afirma directivo de Fenape’.

Pero sin tomar en cuenta la legislación vigente, Fundamedios pide una rectificación de una página por la nota ‘La Fenape respalda proceso iniciado contra Fundamedios’ publicada en apenas 4 párrafos.

En las últimas horas la ONG ha difundido a través de su página web y redes sociales una alerta para afectar la imagen de los medios públicos. Este diario llamó a Ricaurte para conocer su versión, pero él colgó el teléfono. (I)

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DATOS

En septiembre pasado, la Secom inició un proceso administrativo contra Fundamedios por, supuestamente, hacer política partidista y violentar sus propios estatutos y la ley.             

Fundamedios, que fue eximida del proceso administrativo, habría incurrido en 3 causales del artículo 22 del Reglamento del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (Decreto 739): desviarse de los fines y objetivos para los que fue constituida.

La ONG entregó 24 hojas (anexos) como pruebas de descargo para que se agregue al proceso y evitar su cierre.

En el edificio de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), en Quito, arrienda oficinas. Fundamedios recibiría fondos del Departamento de Estado de EE.UU.  

Adam Namm, embajador de EE.UU. en Ecuador, en entrevista con EL TELÉGRAFO publicada el 23 de julio de 2012, admitió que Fundamedios, a través de la Usaid, percibía fondos de su país: $300 mil en ese año. (I)