Hay tres propuestas de preguntas para definir el destino del bloque ITT. Dos son opositoras a la decisión del Gobierno de explotar esos pozos y una a favor.

Una de las que propone que el petróleo se quede bajo tierra es la patrocinada por el Frente de Defensa Total de la Amazonía.
Esta es la más radical, pues consulta a la ciudadanía sobre todo tipo de actividad extractivista y pretende que se prohíba cualquier tipo de explotación.

“Nuestra propuesta no solo se focaliza en el Yasuní sino que nosotros consideramos que toda forma de explotación a la naturaleza es una forma de explotación a los pueblos porque a quien beneficia es a las grandes corporaciones que tienen un monopolio privado, en ese sentido nosotros pedimos llegar a un nuevo sistema económico”, detalló David Íñiguez, vocero de este colectivo.

Se trata de un colectivo que no cuenta con personería jurídica. Está integrado por alrededor de 150 personas que representan a otras agrupaciones ciudadanas. “Hay organizaciones, jóvenes, barrios, entre otros”, aclaró.

Su forma de trabajo es distribuida entre los líderes del grupo. “Cada persona se encarga de organizar a su gente, todos somos activistas y líderes”, enfatizó.

Íñiguez aseguró que han realizado un trabajo exhaustivo y que su trabajo lo sustentan con recursos propios. “Nosotros nos mantenemos con nuestra propia contribución, cada persona tiene su actividad particular y da su aporte, pero también hay muchas personas que nos donan chatarra, electrónica, de metal y plástico, que se recoge y nos permite comercializarla y obtener recursos”, contó el ambientalista.

Ellos rechazan tener vínculos con grupos políticos, pero sí se identifican “con corrientes de activismo que hoy en día están presentes en otros países como el movimiento Ocupa, Wall Street, entre otros”.

Enfatizó que esta es una tendencia desde donde podría partir la evolución de un movimiento social emergente, que aborda la problemática social y el daño al medio ambiente.

En el país hay otro grupo que tiene el mismo nombre pero que tiene 20 años de vida jurídica: el Frente de Defensa de la Amazonía, que tiene sede en Sucumbíos, y que se encarga de darle asistencia a las comunidades amazónicas.

“Nosotros rechazamos toda vinculación con el señor Íñiguez, es más ni lo conocemos”, dijo Carmen Cartuche, segunda vocal del consejo directivo de la organización.

Este grupo, aunque no ha hecho un planteamiento para una pregunta, apoya a Yasunidos que auspicia otra interrogante sobre el Yasuní. Íñiguez reconoció que no tiene vinculación con la organización homónima.

El colectivo que promueve la consulta no tiene una oficina para hacer las reuniones y aprovecha todos los espacios públicos que pueda y se convoca a través de las redes sociales. En Facebook apenas 12 usuarios le han dado un me gusta.

Los últimos días de marzo entregaron las primeras 280 mil firmas y hoy tienen previsto dar las más de 300 mil que les faltaría para completar con el 5% del padrón que exige la ley para que sea aprobada la consulta y que pase a manos de la Corte Constitucional, que finalmente será la autoridad encargada de aprobar la pregunta.

Cada formulario tiene un código de barras en la parte superior y medidas de seguridad, entre ellas la huella dactilar para las personas que no saben escribir.

Las firmas tienen que ser recolectadas de preferencia en color azul para evitar falsificaciones al momento del escaneo, porque la tinta azul es más legible, según recomendó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La autoridad electoral ya instaló a un grupo de personas que se encargará de revisar la veracidad de las firmas presentadas durante las próximas semanas.

Datos

La Corte Constitucional recibió tres preguntas sobre el Yasuní ITT. Dos de ellas están en contra de la explotación y una respalda la iniciativa presidencial.

La pregunta que envió el grupo en Defensa total de la Amazonía es: ¿Está de acuerdo con declarar al Ecuador libre de toda actividad extractiva y, en general, libre de proyectos que afecten a la Pacha Mama y al patrimonio ambiental, tales como proyectos hidrocarburíferos, mineros, entre otros?

El plazo de 180 días corre desde que se retiran los formatos para recoger las 583.324 firmas, equivalentes al 5% del padrón electoral actual.