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El exdiputado es ahora edil suplente

Franklin Verduga, recordado por el caso Garita 3

Franklin Verduga Vélez. Foto: Archivo/El Telégrafo
Franklin Verduga Vélez. Foto: Archivo/El Telégrafo
23 de octubre de 2015 - 00:00 - Redacción Política

Franklin Verduga Vélez, uno de los personajes políticos que presuntamente se escucha en los audios sobre las designaciones de nuevos funcionarios en el gobierno interino de Fabián Alarcón, es el concejal suplente de Luzmila Nicolalde por la circunscripción 2 de Guayaquil.

En 1997 fue diputado por el Partido Social Cristiano (PSC) y fue quien propuso la moción de censura contra el entonces presidente Abdalá Bucaram Ortiz.

Franklin Verduga, hermano de César (quien fuera ministro en el Gobierno de Alarcón) estuvo envuelto en presuntos delitos de peculado, concusión y nepotismo cuando existía la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), en donde se conoció el caso ‘Garita 3’.  

El 9 de mayo de 1997, vigilantes a cargo de esa garita que se instaló en la terminal terrestre de Guayaquil, denunciaron que eran obligados a exigir dinero a los choferes de las cooperativas para entregarlo a autoridades de la CTG y parte de ese dinero, dijeron, era para Verduga.

Verduga también fue acusado de presunto nepotismo: su cuñado Carlos Morales, fue presidente del directorio de la CTG; su concuñado Enrique Pine, director ejecutivo; su hijo Franklin Verduga Rodríguez, asesor de Morales; y su sobrino Raúl Anchundia, jefe de almacén.

Estas y otras denuncias hicieron que la Comisión de Fiscalización del entonces Congreso realizara un informe con entrevistas con miembros de la CTG, con informe de Inteligencia Militar, entre otros. Verduga calificó de insuficientes esas pruebas.

El 14 de diciembre de 2002, al cabo de 5 años de juicio penal, el político fue sentenciado a 4 años de reclusión por el presidente de la CSJ, Armando Bermeo, así como al pago de una multa equivalente a 4 veces el valor de lo que recibió producto de los actos dolosos.

Un año después, el fiscal subrogante, Guillermo Mosquera, solicitó a la 1ª Sala de lo Penal de la CSJ mantener la sentencia. El caso estuvo sin resolución hasta marzo de 2004, cuando se lo absolvió por falta de pruebas, pese a la acusación. (I)  

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