El interrogatorio al fundador del sitio WikiLeaks, Julian Assange, sobre presuntos delitos sexuales, culminó este martes tras 2 días de audiencia, en la embajada ecuatoriana en Reino Unido, informó la Fiscalía sueca.

La jefa adjunta de la Instrucción Sumarial de la Fiscalía de Vasteras (en el centro de Suecia) Ingrid Isgren, y la inspectora de la policía sueca Cecilia Redell, estuvieron presentes en la primera entrevista al fundador de WikiLeaks, quien se encuentra refugiado en la legación suramericana en la capital británica desde 2012 para evitar su extradición a Suecia.

El fiscal ecuatoriano, Wilson Toainga, aplicó el cuestionario confeccionado por la justicia del país nórdico, la cual acusa a Assange por una denuncia de violación presentada en su contra en 2010, que él niega.

Tras el interrogatorio, los fiscales no dieron ninguna información relacionada con los detalles de la investigación.

La Fiscalía indicó el lunes en un comunicado que Ecuador trasmitirá posteriormente el resultado por escrito a los magistrados suecos. Cuando se redacte el acta, los procuradores determinarán una posición sobre la continuación del proceso.

El abogado sueco de Assange, Per Samuelsson, dijo que recurriría la decisión de la justicia de no dejarle asistir a la entrevista.

Durante el encuentro estaba previsto extraerle una muestra de ADN al ciberactivista, de 45 años.

WikiLeaks señaló en su cuenta en la red social Twitter que es la primera vez que el periodista australiano puede exponer su versión de los hechos ante la justicia.

El pasado agosto prescribieron 3 de los 4 cargos sexuales por los que Estocolmo reclamaba al programador informático -dos de acoso sexual y uno de coerción ilegal-, tras 5 años desde que supuestamente se produjeron.

La acusación más grave, que le involucra en una violación en grado menor (por tener relaciones sexuales desprotegidas con una joven mientras dormía), continúa vigente hasta 2020.

Assange rechaza su extradición a Suecia, pues teme que esto sea una maniobra para enviarlo a Estados Unidos donde sería juzgado por difundir información confidencial sobre la seguridad nacional norteamericana, y podría ser condenado a cadena perpetua o a muerte.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas dictaminó, en febrero pasado, que la detención del ciberactivista era ilegal. No obstante, la orden de arresto europea en su contra, dictada en 2010, se mantiene. (I)