Inconsistencias administrativas y económicas se habrían producido en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). Así lo señala una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado, durante el período 2006 y 2007.  

Los informes, que son públicos en la página web del organismo de control, señalan que el Issfa incumplió con 2 recomendaciones de la Contraloría emitidas en una auditoría anterior. La entidad detectó entre enero de 2006 a diciembre de 2007 la no implementación de vales de caja chica, inobservancia de funcionarios de la entidad a normas de control interno, falta de información, pagos sobreestimados, entre otros problemas.

Según el informe N° DA3-02-2009 de la Contraloría, el estudio se efectuó al balance general consolidado del Issfa, por el período antes citado. Allí consta la información financiera del instituto de seguridad social.

Entre las conclusiones, se destaca que el Issfa pagó por concepto de ‘bonificación de responsabilidad’ a los militares en servicio activo que en ese tiempo cumplían las funciones de director general, subdirector general y directores del Instituto por un monto de $ 52.968,56, sin sustento legal.

Estos pagos originaron que los gastos por remuneraciones se encuentren sobreestimados al 31 de diciembre de 2007, por el mismo valor. La entidad en ese entonces no contaba con estos recursos disponibles para el desarrollo de otras actividades.

También se reveló que las reposiciones de caja chica se realizaron sin contar con los vales respectivos. Además, la reposición del fondo se efectuó al consumirse entre el 20% y 30%, y no entre el 60% y 80% como lo determina el Instructivo para la Administración de los Fondos Rotativos y de Caja Chica del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Según el informe de auditoría, eso ocurrió debido a que el entonces director económico financiero no diseñó ni implementó la utilización de los vales de caja chica prenumerados. Tampoco exigió que las liquidaciones de fondos se realicen cuando se haya utilizado entre el 60% y el 80%.

De acuerdo con el reporte, esta situación originó que las personas responsables de la custodia y el manejo de los fondos no cumplieran con lo establecido en las disposiciones emitidas para el efecto. Las reposiciones de los fondos no estuvieron respaldadas con la documentación de soporte suficiente.

Inmuebles e insumos

La Contraloría encontró otra novedad. Al 31 de diciembre de 2OO7, el saldo de $ 88.771,42, correspondiente a la cuenta Bienes Inmuebles incluye valores por $ 26.779,96 y $ 42.981,22, producto de la donación del terreno y edificio de la ex Junta Administradora de Consulta Externa (JACE). Esos bienes fueron registrados sin contar con las escrituras públicas que demuestren ser propiedad del Issfa, lo que originó que el saldo de la cuenta inmuebles se encuentre sobreestimado en $ 69.761,18.

A esto se suma que la Unidad de Prestaciones Médicas (UPM) recibió como garantía 45 letras de cambio por $ 47’712.971, por la entrega de concentradores de oxígeno, para el uso de pacientes crónicos. Sin embargo, no fueron remitidas a los departamentos de Tesorería para su custodia, y de Contabilidad para el registro contable en cuentas de orden, lo que originó que la información financiera no sea completa.

El informe culmina con que el Issfa debió cumplir con 23 recomendaciones emanadas del informe DA5-0012-2OO7 de auditoría a los estados financieros al 31 de diciembre de 2005. Dos de ellas se incumplieron.

Estas inobservancias estaban relacionadas con la falta de recuperación de valores cancelados por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como el incumplimiento de cláusulas contractuales correspondientes a la liquidación de las etapas segunda y tercera de la fiducia Huancavilca II.

La semana pasada, el contralor general del Estado, Carlos Pólit, aclaró que todos los informes son técnicos, como lo demanda la ley, y por lo tanto, “más allá de la capacidad coactiva y sancionadora de la institución, los auditores formulan recomendaciones que deben cumplir las entidades”.

De allí que insistió en que le corresponde a otras instancias, como Fiscalía, por ejemplo, iniciar las acciones que consideren de indagación, al tiempo de señalar que la Contraloría no es juez porque esa no es su atribución.

Por eso conminó a las instituciones del sector público y del sector privado que manejan recursos públicos acogerse a las recomendaciones y observaciones que realizan los auditores.

En un diálogo con EL TELÉGRAFO, Pólit explicó que todos los reportes de la Contraloría se publican en su página electrónica. Pero en esos documentos no constan los nombres de los funcionarios ni las sanciones que pudieron recibir. Esos datos se encuentran en la ‘síntesis’, que no es pública.

El contralor explicó que esto ocurre para proteger la identidad de las personas, ya que los funcionarios nombrados pueden recurrir el informe ante un juez contencioso y reivindicar su inocencia. (I)