El registro de partidos ya se discute entre los asambleístas de PAIS

La posible enmienda constitucional en torno al registro de partidos políticos buscaría evitar la proliferación de agrupaciones y el regreso de otras que ya no gozan de respaldo popular.   

Así lo explicaron legisladores del bloque de Alianza PAIS con respecto a la propuesta que el presidente de la República,

Rafael Correa, hizo el martes pasado durante la sesión solemne por los 467 años de fundación de Loja.

El Primer Mandatario señaló un posible “error” y contradicción entre la Carta Magna y el Código de la Democracia en lo que respecta al sistema de inscripción de las agrupaciones políticas.

“Es muy fácil reinscribir un partido político, pierden cuando tienen menos del 5% (de apoyo popular en 2 elecciones consecutivas) y con el 1,5% de firmas (del padrón electoral) se pueden reinscribir y esto no acaba nunca y hay proliferación de partidos políticos por todos lados. No presentan candidatos, sino suman minorías para gobernar, porque ni entre ellos se entienden para boicotear, bloquear”, manifestó el gobernante.  

En los artículos 109 y 112 de la Constitución se estipula que el registro de afiliados, adherentes o simpatizantes de los partidos y movimientos políticos “no podrá ser menor al 1.5% del registro electoral utilizado en el último proceso”, lo mismo que en el artículo 8, numeral 1 del Reglamento para la inscripción de Partidos, Movimientos Políticos y registro de Directivas.

Eso contrasta con el Código de la Democracia que señala en su artículo 327 que el Consejo Nacional Electoral (CNE), de oficio o por iniciativa de una organización política, puede cancelar la inscripción de una organización política si esta “no obtiene el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales consecutivas a nivel nacional” y en el caso de un movimiento político local si este no obtiene “al menos el 3% en dos elecciones consecutivas en su jurisdicción”.

El asambleísta Gabriel Rivera (PAIS), expone una eventual incoherencia entre la Carta Madre y los demás cuerpos legales. Aclaró además que no existe temporalidad alguna para limitar el trámite de enmiendas constitucionales en el ámbito electoral.

“Si usted va a reformar la ley ahí si hay un problema”, dijo al recordar que el artículo 117 de la Carta Magna prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones “pero no reformas constitucionales”, sin embargo habría que esperar el dictamen de la Corte Constitucional (CC), indicó.

En el caso de que las nuevas enmiendas sean tramitadas por medio de la Asamblea Nacional el procedimiento sería el mismo que para el primer paquete. Pero si se lo hace por iniciativa del Ejecutivo, este tendría que ser tratado vía consulta popular.  

Frente a la probabilidad de reformar el sistema de justicia organizado por regiones, en vez de provincias como se establece actualmente, el presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, considera que esta serviría para mejorar la eficiencia de los juzgados.   

“Todo lo que se haga es pensando en mejorar y garantizar los derechos de la ciudadanía. Lo que queremos es que esos derechos contemplados en la Constitución se amplíen mucho más para que todos puedan acceder a una administración de justicia más ágil y transparente”, acotó el legislador.

No obstante el asambleísta, Miguel Ángel Moreta (CREO), cree que una administración regional “acumulará y saturará” las cortes, ya que -a su criterio- las que existen ahora a nivel provincial no son suficientes para tramitar las miles de causas que existen. Por ello, alienta alternativas como el arbitraje y la mediación para que no todo se resuelva mediante juicio. Es una estrategia que ya desarrolla el Consejo de la Judicatura.

En cuanto a la “inconsistencia” electoral en los gobiernos provinciales -según Rivera- hace algún tiempo el propio presidente del Consejo de Gobiernos Parroquiales rurales, Bolívar Armijos, presentó una propuesta para que solo los habitantes del sector rural escojan a los prefectos. (I)

11 propuestas se han presentado en Comisión

La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Fabián Solano, continuará con el debate sobre el proyecto de reformas al Código de la Democracia, en vez de archivar las 11 propuestas que se han presentado hasta el momento.

Dos provienen de la ciudadanía como la que entregó el Observatorio Ciudadano a la Función Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una es del presidente de la República, otra del Consejo Nacional Electoral (CNE) que  contiene 32 reformas. Las restantes son de varios legisladores.

El próximo miércoles la Comisión se reunirá para definir la hoja de ruta para iniciar el debate, pero Solano adelantó que los cambios no se aplicarían para los comicios de 2017, debido a que “es humanamente imposible” aprobar un proyecto de reformas antes de que se cumpla un año, previo a las elecciones, como lo establece el artículo 117 de la Constitución.
Entre las principales reformas que propuso el CNE están las competencias sobre las Juntas Intermedias de Escrutinio (JIE) y la distribución de fondo partidario permanente para organizaciones políticas provinciales, así como el monto de las alianzas. (I)