Para los abogados de los 30 mil afectados por la contaminación dejada por Texaco-Chevron en Orellana y Sucumbíos, ayer ocurrió algo previsible: Lewis A. Kaplan,  juez superior de la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, falló a favor de la transnacional dentro del juicio bajo la ley RICO, que -a pedido de la compañía- procesaba a los amazónicos ecuatorianos y a sus abogados por supuesto fraude procesal.

Kaplan consideró que la sentencia impuesta por la justicia ecuatoriana por un delito medioambiental,  a través de la Corte de Sucumbíos en 2011 y ratificada en todas las instancias contra  Chevron, compañía que en 2001 compró las acciones de Texaco, se logró por parte de los afectados y sus abogados por medio de una supuesta conspiración.

El juez federal, quien es conocido dentro y fuera de EE.UU. por emitir sentencias polémicas que, por ejemplo, han beneficiado a banqueros y afectado a jubilados, cree que hubo conspiración entre el abogado de los amazónicos en EE.UU., Steven Donziger, y el juez ecuatoriano que en 2011 emitió la condena contra la transnacional, Nicolás Zambrano.

Kaplan, quien en otros juicios igualmente ha sido criticado por ignorar testimonios importantes, tenía desde 2010 a cargo el juicio RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), entablado por Chevron  contra los indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana, a quienes ha tachado de mafiosos, al igual que a sus abogados. (LEA EL FALLO DEL JUEZ KAPPLAN EN INGLÉS)

Frente a la decisión del juez estadounidense, uno de los abogados ecuatorianos que representa a  los 30 mil amazónicos afectados, Juan Pablo Sáenz, destacó ayer que aquello constituye una burla al Estado de derecho, pero que no servirá para mitigar el riesgo que enfrenta la petrolera ante el inminente cobro de la sentencia dictada en su contra por la justicia ecuatoriana, que finalmente le condenó a pagar 9.500 millones de dólares de indemnización por el daño ambiental.

La decisión, que es de primera instancia y abarca 497 páginas, fue dada a conocer ayer en Manhattan.A decir de Sáenz, el pronunciamiento de este juez es equivocado y no refleja los hechos ni la ley, resaltando la larga lista de prejuicios personales contra los ecuatorianos y a sus abogados. “La decisión de Kaplan constituye una ofensa a los principios básicos de la jurisdicción, el debido proceso y la cortesía internacional”, afirmó.

Los abogados nacionales y extranjeros de las víctimas de Chevron afirmaron ayer que no existe fundamento jurídico para que un juez de primera instancia de un país pretenda bloquear o entorpecer la ejecución de una sentencia en firme de un estado diferente, por lo que el juez Kaplan debió desestimar el caso RICO por falta de jurisdicción.

Estima que Kaplan permitió que Chevron abuse del sistema de justicia civil estadounidense en un intento por eludir el pago de la indemnización, en cuyo juicio  se presentó abundante evidencia científica que  comprobó la culpabilidad de la petrolera al provocar uno de los peores desastres ecológicos en la historia de la humanidad.

Ese elemento no fue analizado y más bien Kaplan prohibió expresamente cualquier alusión a daños ambientales o el juicio en Ecuador, violando el legítimo derecho a la defensa de los ecuatorianos.

“La arrogancia de Kaplan le ha hecho pensar que está facultado y calificado para cuestionar el derecho ecuatoriano y las decisiones de sus jueces. El hecho irrefutable es que Kaplan no tiene jurisdicción alguna sobre los ciudadanos ecuatorianos. Su ilegítima sentencia será apelada ante un tribunal superior en EE.UU. y se buscará una medida inmediata para suspender sus efectos. Sin embargo, las comunidades demandantes están tranquilas, pues la sentencia de este juez no tendrá ninguna validez en las jurisdicciones en donde la sentencia ecuatoriana está siendo ejecutada (Canadá, Argentina y Brasil)”, indicó Sáenz.

DATOS

A decir de los abogados de los amazónicos ecuatorianos afectados, el juez Lewis Kaplan no condujo un juicio justo.

De ello darían fe reconocidos abogados de EE.UU. -como John Keker- que sostienen que Kaplan permitió y propició la degeneración del proceso, y mostró una “implacable hostilidad” hacia  Steven Donziger, abogado de los afectados en Estados Unidos.

Antes del inicio del juicio RICO, Kaplan señaló que el proceso ecuatoriano no fue más que una farsa, poniendo en tela de duda la existencia  de las víctimas ecuatorianas.

LA COMPAÑÍA LO CONSIDERA UNA VICTORIA

Tras conocer la decisión del juez Lewis Kaplan, la transnacional petrolera estadounidense emitió un comunicado de prensa en el que resaltó: “Este fallo es una victoria contundente para Chevron y para nuestros accionistas, ya que confirma que el juicio en Ecuador es un fraude y producto de una empresa criminal”.

El fallo de Kaplan lo constituyen 497 páginas y fue dado a conocer ayer en Manhattan (EE.UU.).

Según Chevron Corporation: “Este fallo es un rotundo triunfo para nuestros accionistas y Chevron. Confirma que el juicio contra Chevron en la justicia ecuatoriana  es un fraude y el producto de una empresa criminal.

Steven Donziger y sus asociados pueden ahora ser responsables y no se permitirá sacar provecho de sus actos ilegales. Cualquier corte que respeta el Estado de derecho encuentra el juicio de Lago Agrio a ser ilegítimo e inaplicable”.

Para obtener este resultado de parte de Kaplan, Chevron dice que presentó pruebas abrumadoras de fraude durante el juicio RICO que concluyó en noviembre de 2013.

Tales pruebas de fraude de los demandantes ecuatorianos y sus agentes incluyen -según la petrolera- que “un exjuez ecuatoriano (Alberto Guerra) admitió su papel en orquestar la fraudulenta sentencia contra Chevron a cambio de un soborno de medio millón de dólares de Donziger y sus asociados”.

Añade que “otro de los demandantes consultores ambientales de los abogados, el Dr. Charles Calmbacher, testificó que los demandantes falsificaron pruebas ambientales en Ecuador”.

FUNDAMENTOS QUE INVALIDARÍAN EL DICTAMEN

Según los abogados de los amazónicos ecuatorianos afectados por la decisión del juez estadounidense Lewis Kaplan, tres serían los principales fundamentos de derecho que invalidarían su resolución:

1.- Bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), los jueces no pueden dictar medidas cautelares como  efectivamente ha hecho Kaplan. Este principio ha sido reconocido por los propios  abogados de Chevron, varios jueces y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

2.- El mandato judicial en sí es ilegal porque viola los principios de cortesía internacional que obligan a los tribunales de un país a respetar las decisiones de los tribunales de otro.

3.- Las pretensiones de Chevron no tienen cabida, incluso, bajo la Constitución de  Estados Unidos. La compañía petrolera no ha podido demostrar que ha sufrido un perjuicio real a mano de sus acusados. Lo que sí se ha demostrado judicialmente es que la petrolera es responsable de la contaminación, por lo que no cabe una medida cautelar para liberarla de responsabilidad.

Por lo antes expuesto -según los abogados de los afectados- la decisión de Kaplan es incorrecta en los siguientes hechos:

a.- Todas las pruebas de supuesto fraude presentadas por Chevron fueron analizadas y rechazadas por los tribunales de Ecuador. En los   juicios se determinó que la petrolera participó en una remediación fraudulenta y trató de engañar y corromper a la administración de justicia.

b.- Chevron se rehúsa a la evidencia científica analizada por tribunales ecuatorianos, que determinaron la responsabilidad de la compañía en los daños ambientales.

c.- La versión de la transnacional y que el juez ecuatoriano Nicolás Zambrano fue sobornado se basa en el testimonio de un solo testigo: el también juez ecuatoriano Alberto Guerra, quien conoció el caso y al que Chevron estaría pagando más de $ 350 mil  en compensación.