El derecho a la resistencia, una figura que se aplica a las personas y no a instituciones

El derecho a la resistencia saltó al debate en estos días. En los medios privados se indicó que el presidente Rafael Correa había indicado que se “arrepentía” de haber cedido en 2008, cuando se colocó la figura en la Constitución.

Ayer Correa, durante el enlace ciudadano, explicó que sus palabras habían sido sacadas de contexto, y que él no se opone al derecho a la resistencia cuando se efectúa en un contexto pacífico. El Mandatario aclaró que la figura no puede servir para que opositores “fraguen hechos extremadamente violentos”, como los ocurridos en las marchas de la Conaie o el FUT.

Grupos sociales, políticos opositores, asambleístas, juristas y catedráticos universitarios consultados coinciden en que el derecho a la resistencia es un tema fundamental para los ecuatorianos.

¿Cómo funciona esta figura? El artículo 98 de la Carta Magna señala que “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales, que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

Al respecto, un caso que llamó la atención fue el de diario La Hora. El 20 de julio pasado, ese medio emitió un comunicado de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos que cuestionaba la Ley de Comunicación. Ante eso, la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) le pidió la una réplica sin pago.

La Hora se acogió a la resistencia e impuso una acción de protección que fue rechazada. Al final, la Supercom emitió un fallo y el periódico se disculpará públicamente por no haber realizado la réplica correspondiente. Carlos Ochoa es superintendente de la Comunicación. A su juicio, el derecho a la resistencia presentado por el periódico “carece de legitimidad”. La razón: “existen varios canales institucionales y legales en los que se puede impugnar o discutir las resoluciones administrativas que emite la Supercom y, de ser el caso, pueden ser ratificadas o modificadas total o parcialmente”.

El funcionario agrega que si no existieran las entidades para procesar un desacuerdo o conflicto con la administración pública, se puede aplicar esa figura.

Caso contrario, este recurso se convierte en un “audaz intento” de conseguir inmunidad ante la violación de los derechos de la comunicación o el cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley.

Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Johny Aylluardo, el derecho a la resistencia se aplica solo para las personas, no las instituciones.

Los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) insisten en que se trata de un derecho que corresponde al ser humano. Por eso, ellos anuncian que el próximo miércoles 16 de septiembre se reanudarán las protestas contra el Gobierno.

Lo mismo ocurre con el Movimiento Montecristi Vive, que hizo un llamado a las organizaciones de izquierda a defender ese precepto legal.

El propio Presidente reiteró ayer en el enlace que el derecho a la resistencia es legal cuando es de forma pacífica y sin abusos.

De hecho, durante las manifestaciones registradas a mediados de agosto, 104 agentes resultaron heridos a escala nacional, según datos del Ministerio del Interior. “Entre ellos, algunos con fracturas en las piernas”, informó Correa.

Las autoridades de esa cartera de Estado incluso denunciaron que en las protestas se evidenció violencia de “carácter criminal”, la cual puso en riesgo no solo a los  policías y militares, sino también a las personas que salieron a manifestarse. Posteriormente se instó a que las protestas se hagan en el marco de la ley y el respeto a los derechos ciudadanos. Los uniformados apresaron a cerca de 20 personas en delito flagrante, por los desmanes y agresiones contra la Policía.

Ante los actos de violencia reportados, se ha reiterado que los gendarmes se apegaron al uso progresivo de la fuerza para controlar las manifestaciones.

En nombre del derecho a la resistencia, desde el Ejecutivo se indica que los grupos opositores han agredido en varias ocasiones a policías y hasta funcionarios. Por ejemplo en 2013, un grupo de personas atacó en Quito al embajador de Chile en Ecuador, Juan Pablo Lira, así como al apoderado general de la compañía Belorusneft, Andrei Nikonkov.

Los hechos ocurrieron en los exteriores de la Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador, tras la apertura de ofertas de la XI Ronda Petrolera para el bloque suroriente.

La historia

El derecho a la resistencia ha sido reconocido por filósofos, políticos del mundo e incorporado al mismo texto constitucional como un derecho positivo. Aylluardo indica que un posible trámite para modificar el derecho a la resistencia en la Constitución es complicado. A su criterio, la única salida sería incluir cualquier reforma sobre este precepto dentro de las enmiendas constitucionales.

Con base en su experiencia académica, cita que los orígenes de este principio se dan en la Constitución del estado de Virginia (EE.UU.) de  1786.

Rubén Calle Mejía preside el Colegio de Abogados del Azuay. Asegura que este precepto legal se origina en el período 1789-1799 durante la Revolución Francesa en Europa. “Se da a partir de que los estados comienzan a reconocer los derechos y libertades”.

Él considera que la resistencia no puede ser modificada o cambiada,  porque se trata de principios fundamentales a los seres humanos y las personas tienen derecho a resistir frente a una arbitrariedad que violente derechos primordiales como libertad, vida, educación, salud...

Además, los principios de esa figura forman parte de la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre (ver cuadro adjunto).

En la Asamblea Nacional

La oposición propuso esta semana debatir, en el pleno del órgano legislativo, los principios que garantizan el derecho a la resistencia en Ecuador. Con 88 votos de los asambleístas que estaban en el pleno, la solicitud no fue analizada.

El pedido fue hecho por el legislador Jorge Escala (ex-MPD), quien estuvo como alterno de la actual asambleísta Lourdes Tibán (Pachakutik). A su juicio, la resistencia no es una dádiva porque funciona como un instrumento que ayuda a enfrentar la violencia.

En la bancada oficialista, en cambio, se sostiene que primero se deben establecer parámetros que no desgasten ni manipulen un derecho fundamental. La razón: puede utilizarse como un medio de manipulación y no se aplicaría su verdadero contenido y significado.

La idea es evitar lo que ha pasado en las anteriores jornadas de protesta en el país que, usando aquel principio, se reporten desmanes y hechos violentos. En la legislatura no se ha informado si en los próximos días se analizará el tema. (I)