El control en el uso del suelo, tarea pendiente de los gobiernos locales

La planificación anual de las necesidades urbanísticas de los cantones aparece como el eje principal en el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados.   

En Guayaquil, la ciudad más poblada del país, con 2,6 millones de habitantes, la urbanización que históricamente inició en el este alcanzó sus límites en el norte y en el sur, lo que deja como únicos puntos de crecimiento el norte de la vía Perimetral y la vía a la Costa, hacia el oeste.  

En cuanto al uso de suelo están definidas las zonas residenciales e industriales, así como los espacios que sirven para el comercio. Jorge Rodríguez, vocero del Municipio, explicó que la Dirección de Urbanismo toma decisiones con otras instancias seccionales, a través de un mapa georreferencial. Así también se identifican los lugares en donde no cabe la urbanización: bosques protegidos y zonas de manglares. “No hay mayor espacio para cambiar de opinión en ese sentido”. Este principio también aplica para la clasificación de suelos, la cual se revisa al inicio de cada administración y, en el periodo de 4 años, no se cambia a menos que se trate de una situación excepcional.

Rodríguez explicó que las ordenanzas de urbanizaciones, uso de vía pública, construcción, circulación, entre otras, son las que intervienen en la toma de decisiones para planificar el crecimiento del cantón.

Las instancias encargadas incluyen a direcciones y el concejo municipal que reciben asesoría de urbanistas. Sin embargo, los mismos especialistas advierten que en Guayaquil, el 70% de las construcciones son informales. Rodríguez reconoce que existe informalidad tanto en la ocupación de suelo como en las construcciones, por ello los controles son permanentes.

El caso de Cerro Colorado, en el noreste de la ciudad, es un ejemplo reciente. Este bosque es zona protegida, pero ha sido invadido en varias ocasiones con la consecuente destrucción de las especies nativas. Aquí, tanto la Municipalidad como la Gobernación actuaron para impedir que los invasores se quedaran en el lugar.

En la Costa, uno de los peores casos de ocupación desordenada del suelo lo sufre Babahoyo, provincia de Los Ríos.

Tras el terremoto del 16 de abril de 2016 se evidenciaron las zonas de peligro para la habitabilidad. En la capital fluminense, el sitio conocido como Bypass reúne estas características, según la   Coordinación Zonal 5 de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Hasta el año pasado esta Secretaría contabilizó 1.400 familias en este lugar, declarado por el Ministerio de Ambiente como humedal, el cual corresponde al sector El Piquete, en la Llanura Baja de Inundación, alimentada por los ríos San Pablo, Chilintomo y Perdido, y por los esteros Matapalo y Lagarto, hasta desembocar en el río Babahoyo.

La zona de riesgo es de 1 km, aproximadamente, que inicia desde la Terminal Terrestre hasta la calle 27 de Mayo. Todo el espacio del Bypass comprende alrededor de 2 km (de la Terminal Terrestre hasta la Policía Judicial).

La Coordinación Zonal 5 de Gestión de Riesgos señaló que esta información fue entregada al Municipio de Babahoyo, entidad que actualmente está reglamentando los asentamientos irregulares. Esta zona de inundación alberga viviendas desde hace 30 años.

La entidad realizó inspecciones técnicas del suelo que corroboran la necesidad de reubicar las viviendas en zonas seguras, como el caso de la ciudadela Nuevo Babahoyo.

A pesar de estas declaraciones, la regularización de terrenos por parte del Municipio fluminense continúa. Ciudadanos de las cooperativas Sol Brisas 1 y Sol Brisas 2 confirmaron a EL TELÉGRAFO que la Alcaldía les está entregando escrituras de sus terrenos.

Además contaron que la Municipalidad les ayuda con el  relleno para crear calles. Las viviendas de caña y madera en el Bypass son cambiadas por edificaciones de concreto, pasando de ser de una planta a 2 y hasta 3 pisos. Este Diario insistió durante varias semanas en conocer la versión del alcalde Jhonny Terán, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible. Su asistente explicó que las múltiples ocupaciones le impedían atender el pedido.

Babahoyo está ubicada a 63 km de distancia de Guayaquil, es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Los Ríos, con 156.777 habitantes distribuidos en sus 8 parroquias (urbanas y rurales) que abarcan una superficie de 1.076.1 Km2.

Azuay enfrenta derrumbes

El 60% del territorio en la provincia de Azuay está sujeto a movimientos de masas (deslizamientos). Una cosa similar sucede en Cañar, donde las pendientes mayores al 50% de inclinación ponen en riesgo a personas y viviendas.

En el cantón Cuenca son 7 los sectores vulnerables: Paccha, Nulti, Turi, Guzho, Gapal, ciudadela Jaime Roldós y Los Trigales. Según el excoordinador de Gestión de Riesgos, Zona 6, Galo Sánchez, estos sectores están propensos a deslizamientos y consecuentemente a la destrucción de viviendas.

“Estos sitios se activan cuando el invierno es fuerte y hay mucha acumulación de agua”, explicó. En estos lugares está prohibido levantar viviendas, sin embargo se han construido al margen de toda regulación municipal, manifestó.

En el caso de la ciudadela Jaime Roldós, en este momento están en peligro 2 casas y hace 5 años se cayeron 3 viviendas.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) se reunió para analizar el informe final presentado por la Mesa Técnica número 3, presidida por la Dirección de Obras Públicas y se determinó  sugerir al alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, la posibilidad de una declaratoria de emergencia en la zona, la misma que permitirá hacer uso de los fondos económicos para realizar trabajos de mitigación. Por su parte, el director (e) municipal de Gestión de Riegos, Pablo Crespo,  informó que en 2016 desarrollaron estudios geotécnicos que posteriormente fueron socializados con los moradores y lo que se plantea es una actualización que permita la ejecución efectiva de las obras para anular la amenaza. Según informes de la Dirección de Planificación Municipal, desde 2001 no se permiten las construcciones en la zona. El último deslizamiento en la ciudadela Jaime Roldós se presentó en 2012.

Según Carlos Álvarez, director de Control Urbano, existe una ordenanza que regula las construcciones, en donde “se indica que edificaciones que se realicen sin respetar el margen de quebradas no pueden hacerse y tendrán que ser demolidas” y aclara que se puede hacer un cambio de uso del terreno, es decir que se puede sembrar en el mismo, pero no edificar. “Tampoco se puede otorgar permisos en zonas que tienen deslaves o de inseguridad”.

Álvarez agregó que si un técnico diera un permiso en estos sectores sería corresponsable directo, incluso podría ser llevado a juicio. En los últimos 2 años se han hecho 4 demoliciones.

En Azuay, los cantones más susceptibles a estos problemas son Santa Isabel y Girón. En estos sitios cruza una falla geológica que se reactiva  cíclicamente.

En la provincia del Cañar, los deslizamientos se han concentrado en Javín, Zhud, El Tambo y Biblián, donde se han perdido muchas viviendas.

Machala crece desordenadamente

En los últimos 15 años la capital de la provincia de El Oro ha expandido su población y con ello las construcciones de viviendas, muchas en zonas consideradas de riesgos, y ahora se le hace muy difícil al Municipio de Machala desalojarlas debido a que las personas se rehúsan a salir.

Es el caso del canal El Macho, zona cuyas riberas fueron declaradas no habitables por la Secretaría de Gestión de Riesgos.

El año pasado el Municipio reubicó a 180 familias que estaban habitando en las riberas del canal.

Existen al menos 100 inmuebles más que aún no han sido reubicadas. La mayoría son casas de cemento.

“En Machala no hay espacio para vivienda, así que decidimos establecernos aquí”, dijo la ciudadana Raquel Murillo. Al igual que ella, decenas de familias han construido sus casas en zonas vulnerables a inundaciones y que carecen de servicios básicos. Aquello se debe -según los entrevistados- a la falta de soluciones habitacionales en Machala.

Esta semana el cabildo machaleño informó sobre un plan para beneficiar a más de 6.000 posesionarios de terrenos municipales en el cantón, debido a que se reformó la Ordenanza de Predios Urbanos y Rurales para reducir el costo del avalúo, de tal forma que los valores actuales se vean disminuidos considerablemente y así facilitar el acceso a escrituras.

Mario Mora Arias, responsable del equipo técnico de orientación y aplicación de la Ordenanza, explicó que la norma busca dar un costo muy reducido respecto al avalúo anterior y a un plazo de 4 años. La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año.

Otra de las ciudades orenses que creció en forma rápida ha sido el cantón Piñas, parte alta de la provincia. Ahí la mayoría de las viviendas se han construido en zonas montañosas que también han sido consideradas de  riesgo. Los deslaves son constantes e inclusos algunas familias han llegado a perder la vida.

Plan de microzonificación sísmica

Debido al terremoto que soportó Ecuador en abril de 2016, un grupo de docentes de la Unidad Académica de Ingeniería Civil (UAIC) presentó, la semana pasada, la propuesta de microzonificación sísmica de los suelos de Machala.  

El decano subrogante, Freddy Espinoza, explicó que la propuesta busca convertirse en un proyecto emblemático, el cual será presentado ante la Municipalidad de Machala, con el propósito de conocer las zonas sobre las cuales se pueden levantar las edificaciones y casas, en base a las características y tipología del suelo.

El proyecto reúne las características de investigación, desarrollo e innovación y se tiene previsto que esté listo en 18 meses. (I)