El bloque AP afina detalles del nuevo paquete de enmiendas

El presidente Rafael Correa anunció un nuevo paquete de enmiendas constitucionales y si quiere que la actual Asamblea sea la que lo apruebe, el trámite debería iniciar a más tardar en enero de 2016. Así lo aseguró el constitucionalista Rafael Oyarte. Pero el problema será en que el segundo debate coincidiría con la campaña electoral de los comicios de 2017.

“No es ilegítimo jurídicamente hacerlo, pero es muy arriesgado. Tendrían que ser enmiendas que beneficien mucho al régimen, incluso en lo electoral, porque si es un tema complicado o sensible, como el de la reelección, no sería recomendable”, explicó Oyarte.

El viernes, al llegar al país procedente de París, el presidente Rafael Correa anticipó un segundo paquete de enmiendas que se enviará “con absoluta legalidad y legitimidad en los próximos días para el análisis correspondiente”. El anuncio lo realizó  un día después de que la Asamblea Nacional aprobara 15 enmiendas a la Constitución con 100 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.

El procedimiento será el mismo que para el primer parque. El bloque legislativo de PAIS deberá presentar su propuesta al Consejo de Administración Legislativa (CAL), el cual, después de calificarlo, lo remitirá a la Corte Constitucional (CC) que tendrá de 30 a 45 días para definir si la misma debe tratarse vía enmienda (debate legislativo) o vía reforma (consulta popular).

Por lo que -según Oyarte- febrero “ya sería complicado”, ya que si el proyecto se trata vía enmienda el primer debate se realizaría en abril de 2016 y el segundo en abril de 2017. La actual Asamblea finalizará sus funciones el 14 de mayo de 2017.

La asambleísta Ximena Ponce (PAIS) corroboró que el movimiento ha estado trabajando en un segundo proyecto hace algunos meses. Precisó que aún no han hecho cálculos electorales, pero que estarían “afinando” los temas que presentarían. Correa adelantó que son temas eminentemente técnicos porque la Constitución aún es perfectible.

Un tema que el propio Mandatario había adelantado era la posibilidad de levantar la prohibición de los cultivos y semillas transgénicas, además del derecho a la resistencia y la Función de Transparencia y Control Social (FTCS).

Cultivos y semillas transgénicas

En noviembre de 2012 el Jefe de Estado invitó a las organizaciones sociales a debatir sobre la posibilidad de flexibilizar la producción de organismos que han sido modificados genéticamente, ya que dicha cláusula fue impulsada por “el ecologismo infantil” de Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente entre noviembre de 2007 y junio de 2008.

Para el Primer Mandatario, las semillas genéticamente modificadas podrían cuadruplicar la producción, lo que lograría sacar de la pobreza a los agricultores. “Si es necesario enmendar la Constitución, así habrá que hacerlo”, advirtió en aquella época.

El artículo 401 de la Constitución declara a Ecuador libre de este tipo de cultivos y semillas. Allí se establece que “solo en caso de interés nacional, debidamente fundamentado por el Presidente de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrá introducir semillas y cultivos genéticamente modificados en el territorio nacional”.

Ponce considera que este tema debería reflexionarse, considerando la sintonía que existe en los códigos de Ambiente y de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, conocido como Ingenios. Ambos están en discusión en la Asamblea.

Consejo de Participación

En mayo pasado, el presidente Correa cuestionó la labor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el sentido de que no ha cumplido con su misión en la lucha contra la corrupción. Algo que la recientemente posesionada presidenta de la entidad, Yolanda González, aseguró que cambiaría.

En este sentido, la legisladora Ponce aclaró que el debate iría más allá del CPCCS y se enfocaría en la FTCS como tal, la que está integrada por 7 entidades más, como la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las diferentes superintendencias.

“La enmienda a las competencias de la Contraloría tiene que ver con clarificar sus funciones, lo que facilita que un ente cumpla a cabalidad lo que le corresponde hacer. Creo que sería pertinente revisar las funciones también del Consejo, de tal manera que las instituciones vayan en la lógica para la cual fue creada la Función”, dijo Ponce.

Derecho a la resistencia

Actores políticos, sindicales y sociales se han declarado en resistencia en varias ocasiones y por diversas razones, como por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien amenazó con no reconocer las enmiendas relacionadas con las competencias de los municipios.

En este punto, Ponce aclaró que es un derecho ciudadano y su utilización está enmarcada en el respeto hacia la sociedad y no “para salvar intereses individuales”, por lo tanto, considera importante que en la Constitución esté acotada de manera que exista una correcta interpretación. Así, la CC y los jueces, al momento de otorgar una acción de protección, tendrían claro los límites que existen. Todos estos temas aún están en análisis. (I)

Datos

El 19 de junio de 2014 el bloque de PAIS presentó un primer paquete de enmiendas constitucionales.

El 26 de junio de 2014 la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, entregó a la Corte Constitucional (CC) un paquete de 17 enmiendas constitucionales que la bancada de PAIS propuso.

En agosto de ese año, la jueza Wendy Molina fue sorteada para elaborar el informe de resolución sobre si las enmiendas deben tratarse por debate legislativo o consulta popular. Ese documento fue estudiado por los otros magistrados.

Tres meses después, en noviembre, la CC  resuelve que las enmiendas se discutan en la Asamblea Nacional, salvo la referente a la acción de protección. Esta última debería ser abordada por una constituyente, por lo que fue descartada.