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El acceso a la información, el punto más alto en el índice de transparencia de Ecuador

El acceso a la información, el punto más alto en el índice de transparencia de Ecuador
08 de diciembre de 2014 - 00:00

Una herramienta para medir el índice de transparencia en las instituciones públicas de Ecuador está en marcha. Se trata de un mecanismo que presentó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la semana pasada como un  insumo para combatir la corrupción. Esta medición contiene información proveniente no solo de la autoevaluación de las instituciones públicas, sino también  de la ciudadanía y de los organismos de control del país, como el mismo Cpccs, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.

Los resultados de este informe servirán como respuesta al informe anual que presenta el organismo Transparencia Internacional (TI), que a criterio del titular del Cpccs, Fernando Cedeño, por lo general difunde información que no está apegada a la realidad nacional. El ranking de TI ubica a Ecuador en el puesto 110, antepenúltimo en Sudamérica.

Localmente en 2013 se efectuó una prueba piloto a 20 instituciones públicas del país, y para esto se elaboraron encuestas ciudadanas en 12 ciudades. A esto se sumó la autoevaluación de las capacidades de los organismos.

La medición del Índice de Transparencia 2013 se dividió en 4 componentes con un puntaje máximo de 25 puntos cada uno, para un total de 100: acceso a la información, gestión institucional, rendición de cuentas y participación ciudadana y control social.

Según la medición, el componente con el valor más alto en 2013  fue el de acceso a la información que logró 17,31 puntos (de los 25), mientras que el resultado global de los 4 componentes fue de 52.4 puntos sobre 100.

Partiendo de los resultados, quienes conducen el informe indican que sí hay espacio para que la política pública fortalezca su relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas.     Uno de los consultores del índice, Marco Acosta, mencionó que si bien la ciudadanía tiene acceso a la información, aún no ejerce su participación.

La iniciativa del Cpccs tiene el respaldo de los demás organismos de la Función de Transparencia, como la Contraloría del Estado, la Defensoría del Pueblo, las superintendencias de Telecomunicaciones,  Bancos, Compañías, Economía Popular, y de Poder del Mercado.

La implementación de este informe contó con un presupuesto de        $ 119.000 y fue presentado en Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo durante el desarrollo de paneles internacionales sobre mecanismos para medir la transparencia.

Según Marcela Miranda, del Cpccs, con este sistema el país podrá medir su transparencia desde la ciudadanía, la rendición de cuentas y la institucionalidad del Estado. 

“Tenemos insumos para saber cómo vamos mermando el tema de la corrupción, porque si no se transparentan los procesos no puede saberse cómo se trabaja desde la institucionalidad para combatir el problema”, sostuvo Miranda.   

Aclaró que no se trata solo de medir el nivel de corrupción de una determinada institución, sino de hacer visible cómo ve la ciudadanía a los entes públicos. 

Herramienta nacional

La vicepresidenta del Cpccs, Mónica Banegas, informó el índice refleja una realidad distinta a las presentada por la ONG extranajera TI (Transparencia Internacional). En este informe solo se entrevista o consulta a ciertos sectores de la empresa privada, sin englobar a toda la sociedad ecuatoriana.
Según Banegas, para el próximo año se contará con los resultados de más instituciones públicas e incluso se aplicará al sector privado.

Cedeño, por su parte, aclaró que este sistema no sustituirá a TI porque este organismo recoge la percepción en todos los países del mundo, pero que “por razones de soberanía vamos a hacer nuestro propio índice para medirnos en función de los avances que ha tenido Ecuador en el combate a la corrupción”. Con la aplicación de este sistema se presentan nuevos desafíos en la rendición de cuentas, como la elaboración de un Código de Transparencia, y la implementación de un modelo de prácticas transparentes en las instituciones del Estado y los GADs provinciales.

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