El largo recorrido hasta el cantón Pedro Carbo, de la provincia de Guayas, no obstaculizó el encuentro de 300 dueños de tricimotos. Ellos escucharon ayer el ‘Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial’, elaborado por la asambleísta Verónica Guevara, de Alianza PAIS (AP).

Desde los cantones Daule, Playas, Salitre, Vinces, Huaquillas, Isidro Ayora, Palestina, Santa Lucía, entre otros, llegaron a las 10:00 al Polideportivo Municipal, situado en la calle Sucre, vía al recinto Mis Ensueños. Allí expresaron sus inquietudes en torno al servicio que ofrecen hace 12 años.

En Ecuador hay más de 40.000 dueños de tricimotos que con recorridos en las zonas urbano marginales y rurales mantienen a sus familias. Así lo indica Luis Salazar, concejal de Pedro Carbo por AP y presidente de la Compañía de Tricimotos Pueblito de Ensueño. Él asegura que otras 60.000 personas cuentan con una fuente de empleo (choferes) gracias a este servicio de transporte.

Ellos, según Salazar, no pueden desempeñar sus labores de manera tranquila porque en la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial permite el servicio de tricimotos, mototaxis o triciclos bajo circunstancias excepcionales.

Según la asambleísta Guevara, quien llegó al encuentro en uno de los vehículos y acompañada de su coideario y miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Fausto Cayambe, la excepcionalidad  genera a estos transportistas serios contratiempos en el momento de obtener el permiso de operación y legalizar sus unidades.

Por eso propone una reforma a la  Disposición General Segunda. De aprobarse la propuesta en la Asamblea Nacional, el numeral quedaría así: “Los denominados tricimotos, mototaxis o triciclos podrán prestar servicio comercial en lugares donde  sea segura y posible su prestación, sin afectar el transporte público siempre y cuando se sujeten a las restricciones de circulación determinadas por los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y a las condiciones técnicas que para el efecto determinarán en el reglamento de esta ley”.

“La excepcionalidad se eliminó hace año y medio cuando hice el planteamiento de denominar a las tricimotos como transporte comercial y que las competencias de los mismos pasen a los GAD”, expresa la legisladora.

Agrega que “esta inconsistencia les sirve como pretexto para dilatar el proceso de regularización”.

Una de las compañías que no ha logrado legalizar sus unidades es Comtransuatri S.A. de Guayaquil. Su representante, Erwin Alvarado, relata que 26 socios recorren hace 8 años las vías de la cooperativa Gallegos Lara y, pese a que han solicitado permisos de operación, no lo han conseguido y sufren el retiro de sus unidades, incluso pagan multas.

“En Guayaquil hay 53 compañías ilegales. Unas han sido censadas y otras, no. Sin embargo, no podemos dejar de trabajar porque necesitamos el dinero”, manifiesta.

En la misma situación están los 30 socios de la compañía Buena Esperanza y los 140 de la empresa Transmayleen, de los cantones Isidro Ayora y Pedro Carbo, respectivamente. Los primeros no han sido censados pese a que operan desde 2011. Los segundos sí fueron registrados, pero no están legalizados.

El proyecto legal ya fue aprobado por el CAL. Dentro de la Asamblea Nacional se conformó una comisión de transporte rural para analizar todas las necesidades del sector, como el canje de la licencia tipo A a A1, la homologación de las unidades, entre otros. (I)