Entre el 17 y 22 de marzo, la Defensoría Pública patrocinó en el país a 789 procesados, en 686 audiencias de flagrancia, en el marco de la emergencia sanitaria y estado de excepción que declaró el Gobierno ante la propagación del covid-19.

En las diligencias, los casos recurrentes se relacionaron con el incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, violación del toque de queda, contravenciones de tránsito y violencia intrafamiliar.

El defensor Público, Ángel Torres, solicitó al Consejo de la Judicatura la implementación de la modalidad de audiencias telemáticas para que se realicen por medio de videoconferencias, desde los domicilios de los defensores públicos, a escala nacional, con el propósito de prevenir la propagación del COVID-19.

Además, pidió que se habilite un mecanismo virtual que permita, previo a la audiencia, y de forma confidencial, la entrevista entre los defensores públicos y los procesados.

Del total de casos, Guayas registra 178 procesados, Pichincha con 72, Manabí con 55, Esmeraldas con 54, Azuay con 44, El Oro con 42, Tungurahua con 36, Santo Domingo de los Tsáchilas con 33, Loja y Chimborazo con 31, cada una, entre otras provincias. (I)