Hasta ayer continuaba vigente la disposición del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) que suspendió pagos de las coberturas médicas y de maternidad a los dependientes de sus afiliados de entre 18 y 25 años, hasta que la Procuraduría del Estado aclare una supuesta contradicción entre el reglamento de aplicación de la Ley de Seguridad Social y las reformas aprobadas en octubre pasado.

La confusión, que ha generado malestar entre los afiliados, radica en que el artículo 16 de la Ley de Fortalecimiento del Issfa elimina como beneficiarios del seguro de montepío a los hijos mayores de 18 años.

Sin embargo, el artículo 44 del reglamento general de la Ley de Seguridad Social que se entiende vigente en todo lo que no se oponga a la Ley de Fortalecimiento, establece que son beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad los dependientes de entre 18 y 25 años solteros, que demuestren anualmente que están estudiando y no trabajan, según señala el documento enviado a la Procuraduría.

No obstante, el Issfa requiere dilucidar si se aplicaría el reformado artículo 31 que excluye a este grupo en particular al eliminar el literal C que los incluía como beneficiarios.

Esto motivó a que el director de la entidad, general Juan Francisco Vivero, emita un memorándum para suspender la cobertura que se hacía a estas personas (ver facsímil), de acuerdo al reglamento mencionado.

El director del Hospital Militar de Quito, Rubén Hernández Aráuz, dijo a EL TELÉGRAFO que no han negado atención a nadie y lo único que se ha hecho es emitir una factura que tendría que enviarse al Ministerio de Salud, ya que conforman la red de atención médica del país.

Líder Escudero, jefe del Departamento de Reumatología del Hospital Militar, comentó que ayer, por ejemplo, solo ingresó un paciente dependiente de un afiliado al Issfa de 19 años, quien fue hospitalizado por un problema muscular que presentó en el pecho. “El joven fue atendido y en el área administrativa se arreglará el tema de costos”.

En la zona de Servicio al Cliente del Hospital Militar, confirmaron que se atendió un total de 12 casos de los dependientes de beneficiarios del Issfa, mayores de edad que tenían citas agendadas.

Hernández recalcó que en los 68 centros de salud que están bajo el manejo de los militares, no se niega la atención, y que sobre los afiliados al Issfa es un tema que desconocen, ya que los cargos y pagos por la atención médica se hacen a nivel administrativo.

Roberto Jiménez, funcionario del Issfa, dijo que al momento esperan la respuesta de la Procuraduría para adoptar una resolución definitiva al respecto. Sin embargo, insistió que esto no tiene nada que ver con la asistencia en las unidades de salud: “Lo que difiere es el planillaje o facturación que se hará al Ministerio de Salud y no al Issfa”.

La medida empezó a regir desde esta semana, por lo que el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, aclaró a través de un comunicado, emitido la tarde del jueves, que la Constitución de la República garantiza los derechos de los afiliados al Issfa y sus familiares, lo que “se ve ratificado en las acciones tomadas para fortalecer la institucionalidad con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”.

El ministro resaltó que “ante tan desatinada acción”, ha dispuesto con carácter de inmediato al director general del Issfa que se revierta esta decisión, “a fin de garantizar la aplicación de la Constitución y la ley, en observancia de la ejecución del derecho a la seguridad social bajo el cual se encuentra amparado el personal militar y sus familias”.

De manera extraoficial, personeros de la entidad señalaron que hasta el próximo lunes habría un pronunciamiento final sobre el tema, ya que el director de la entidad está en comisión de servicio y recalcaron que no existe suspensión de ningún servicio a sus afiliados.

La medida fue adoptada sobre la base de recomendaciones del Departamento Jurídico del Issfa, en prevención de posibles pagos indebidos que esas coberturas de los seguros médicos puedan generar y las eventuales glosas o sanciones administrativas. Así mismo, consultaron a la Procuraduría sobre el valor del seguro de muerte para militares y policías, para aclarar desde cuándo se debe empezar a cancelar el monto de $ 50.000 al que tiene derecho todo militar fallecido, sin importar el rango, como indica la reforma al artículo 54 de la nueva ley, tomando en cuenta que existe un régimen de aplicación gradual.

También se suspendió el dinero de ayuda para funerales de los afiliados, que según la reforma será igual al monto que reciben los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Antes de la vigencia de la normativa, el Issfa pagaba más de $ 2.000, pero de acuerdo a la nueva ley debería entregar $ 1.330. (I)