Con la aprobación del informe del proyecto reformatorio a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el pleno de la Asamblea Nacional se alista para acoger mañana, en primer debate, los cambios que incluyen una transitoria que garantiza que ninguna pensión que reciben al momento los jubilados, cualquiera que sea su rango, será reducida.

El legislador Bairon Valle propuso la incorporación de esa transitoria en el proyecto, el cual además  preverá el incremento inmediato de las pensiones de jubilados que cobran menos de $ 906 mensuales,  que subirán cada año hasta llegar al techo imponible cuya cantidad será debatida por los asambleístas.

La Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea preparó el informe luego de propiciar varias reuniones con representantes de asociaciones de militares y policías, tanto de tropa como oficiales, además de autoridades ministeriales y expertos actuariales.

Todo ello sirvió de insumo para la preparación de esta reforma legal, que además fue difundida, entre soldados y policías a escala nacional, durante varios meses.

El asambleísta Fausto Cayambe explicó que el proyecto estipula que para determinar la pensión de retiro se calculará en base a las últimas 60 mejores remuneraciones. “Estamos planteando que esto se haga de manera gradual: el primer año se realizará en base a los 12 últimos sueldos; en el segundo, en base a los 24 últimos sueldos; el siguiente año los  36 últimos sueldos, hasta llegar a los 60, en 5 años en que regirá este cálculo en adelante”, explicó.

Con esto, el legislador estima que no se perjudicará a quienes han aportado con el sistema actual y quieran retirarse una vez cumplidos los 20 años de servicio.

En cuanto al incremento anual que registran actualmente las pensiones, la propuesta contempla que  reciban aumento todos quienes cobren menos de 5,5 salarios básicos unificados; es decir, $ 2.013, mientras que otras propuestas de personal activo y pasivo buscan colocar ese techo en $ 2.800 o $ 3.500. Esto también será discutido mañana en el pleno de la Asamblea.

El aumento de pensiones se haría -de aprobarse la reforma- el primer mes de cada año, pero de acuerdo al índice inflacionario reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, quienes superan al momento el techo que será debatido, no tendrán aumento en su pensión hasta que este índice les alcance.  

El artículo 16 del proyecto, en el numeral 2, especifica que “la pensión de retiro será equivalente al setenta por ciento (70%) de la base para el cálculo señalada en el numeral 1. Por cada año adicional de servicio activo y efectivo tiene derecho al tres por ciento (3%) adicional hasta llegar al ciento por ciento (100%) con 30 o más años de servicio activo y efectivo”.

Por eso, el proyecto de ley incrementa también la jubilación voluntaria de 20 a 25 años, y mantiene la obligatoria en 20 años de servicio.

Asimismo, la reforma legal clarifica que los aportes seguirán siendo los mismos: 23% del aportante activo y 26% del Estado. “Eso no va a cambiar, pero igualmente será discutido en el pleno”, dijo Cayambe.

Recordó que el Estado aporta más del 60% para las pensiones: “Si hacemos por rango el subsidio en algunos casos llega a más del 80%. El déficit actuarial que tiene el Issfa es de unos $ 2.000 millones”.

René Yandún, asambleísta y exgeneral del Ejército, manifestó que está de acuerdo con la mayoría de artículos: “Es fundamental que las leyes puedan actualizarse y en este caso era primordial”.

Sin embargo, faltan 3 puntos que deberá resolver el pleno de la Asamblea: el primero, se refiere al seguro de vida, ya que el rubro que recibe actualmente un oficial por este concepto es de $ 60.000, mientras que un miembro de tropa $ 30.000, lo cual dista mucho de un policía que, en general, recibe $ 23.000. De allí que la idea será buscar un promedio  que beneficie a policías y militares.

El segundo punto se relaciona con debatir sobre cómo se conformarán los consejos directivos del Issfa e Isspol; el tercero, se refiere a los requisitos para director de esas entidades, serán temas encaminados a fortalecer el régimen  especial de policías y militares, pero también acortar las brechas de inequidad entre estas dos instituciones.

Pablo Terán, vicepresidente de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo y héroe del Cenepa, dijo que esta reforma es beneficiosa justamente en el tema de equidad, por eso espera que se apruebe. “Luego de 29 años de trabajo llegué al grado de sargento y actualmente recibo pensión de $ 600”, ilustró.

Por eso cree que los únicos que se oponen al proyecto reformatorio son oficiales retirados porque reciben pensiones altas (ver gráfico).

Agregó que se debería reformar la conformación del directorio del Issfa, para que haya 3 representantes de la tropa, uno por cada fuerza. “Además, que se realice auditoría para saber qué hicieron los directores con los recursos que recibieron, dicen que hay un déficit de $ 1.500 millones, que expliquen por qué”. (I)

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Consejo Militar se reunió en Quito

Seis casos se analizan en las Fuerzas Armadas

En la Fuerza Naval se tramitan 6 casos en los consejos de disciplina militar. Uno de ellos es el de Edwin Ortega, otro es el de Juan Carlos Barrionuevo, también José Peñafiel. Aún se analiza el caso de la teniente Karla Pozo y José Román.

El comandante Julio Cabrera, que lidera el Comando de Operaciones 2, explicó que un proceso para determinar una falta toma su tiempo.

Primero se debe designar el consejo que debe ser integrado por funcionarios de un grado superior al de quien se juzga. Luego tarda 72 horas para instalarse el consejo y de ahí viene el llamamiento a la declaración. En un lapso de una semana el cuestionado debe presentar las pruebas de descargo del caso. El consejo debe analizar y dar su resolución para tratar de hacer justicia en base a los reglamentos internos de la institución.

Explicó que con esas herramientas se adopta una resolución. Una vez que los 5 integrantes del consejo toman una decisión va a la división de recursos humanos, para analizar si se respetaron los parámetros recomendables y si es legal el proceder de los jueces militares.

“No soy abogado, pero sí militar y como tal me sujeto al reglamento militar. El proceso que se siguió fue uno disciplinario, cada uno con una particularidad. Todos son diferentes”.

Al momento de trasladar el caso a la justicia civil no sé cuál será el procedimiento. La jueza que admitió la demanda es Alexandra Pérez.

Ayer, en Quito, se preveía la reunión del Consejo de Disciplina Militar, pero hasta el cierre de esta edición no había un pronunciamiento sobre el tema.

En el caso puntual del capitán Ortega, la justicia militar declaró improcedente la queja. Ante esta decisión, Correa interpuso una acción de protección contra quienes   integraron el Consejo de Disciplina.

El caso fue aceptado y la audiencia se realiza hoy, a las 15:00, en la Unidad de Flagrancia Valdivia, en el sur de Guayaquil. En representación de la Presidencia de la República comparecerá el secretario jurídico, Alexis Mera. Esta acción es un caso peculiar, porque pasa de la justicia militar al campo civil.

El constitucionalista Jacinto Velásquez no está de acuerdo con el procedimiento que se ha realizado y recomienda que lo procedente hubiera sido que el Jefe de Estado presente una acción judicial a título personal.

El jurista explicó que según su análisis correspondía sancionar como una injuria no calumniosa grave, dentro de un juicio ordinario. Esta es una contravención de cuarta clase y la sanción es de hasta un mes de cárcel.

Velásquez indicó que esto es lo que aplica para cuando haya ofensas. Si le dijo mentiroso y no lo puede probar, debe ser sancionado. (I)