El pasado viernes 22 de julio, el Estado ecuatoriano pagó $ 112 millones a Chevron en cumplimiento de una disposición emitida por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (ver infografía). Este desembolso imprevisto complica el logro de los objetivos macroeconómicos trazados para el año en curso.

El cumplimiento de la obligación influye en la contabilidad fiscal

En términos inmediatos, el pago efectuado a Chevron incide en el saldo coyuntural de la balanza de pagos ecuatoriana. Según la información del Banco Central del Ecuador (BCE), el país tenía reservas internacionales (RI) por $ 3.461 millones hasta el 15 de julio.

De este monto, $ 428 millones correspondía a divisas en caja y $ 193 millones a depósitos en instituciones financieras en el exterior. Con respecto a esos valores, el pago a la compañía estadounidense equivale al 3,2% de la reserva internacional, al 26,2% de las divisas disponibles inmediatamente o al 57,9% de los depósitos del Estado en el exterior.

En cambio, apreciado con referencia al Presupuesto General del Estado aprobado para 2016, el pago a la transnacional petrolera equivale al 1,4% de los gastos no permanentes ($ 8.288 millones). Aunque este porcentaje parecería no ser muy alto, sus equivalentes en recursos para inversión sectorial arrojan una apreciación distinta.

Para 2016, por ejemplo, se estimó desembolsar $ 5.349 millones en el programa anual de inversiones. Si bien el pago a Chevron representa el 2% de ese monto, la erogación a la petrolera equivale al 16% de las inversiones inicialmente planificadas para educación ($ 703 millones).

A su vez, los $ 112 millones remitidos equivalen al 1.120% del presupuesto para educación básica para jóvenes y adultos ($ 10 millones); al 197% de los recursos para educación inicial con calidad y calidez ($ 57 millones); o al 19% de las inversiones en nueva infraestructura educativa ($ 575 millones).

Por otra parte, el pago a Chevron equivale al 39% de los $ 289 millones presupuestados para inversiones en salud. Al interior de los rubros de este sector, los $ 112 millones representan 1,1 veces la inversión destinada a infraestructura física, equipamiento y mantenimiento ($ 104,8 millones); 98,9 veces la inversión para el programa de apoyo a la gestión local de los servicios de agua potable y saneamiento ($ 1,1 millones); o 2,9 veces la inversión para inmunizaciones de enfermedades prevenibles ($ 38,4 millones). (I)