Banegas: “En el tema de la lucha contra la corrupción los resultados son parciales”

Uno de los más acalorados debates en Montecristi en 2008 fue cómo reemplazar el modelo que instauró la “partidocracia”. Esta figura consistió en que el Congreso Nacional elegía a las principales autoridades de control del país, lo que en la práctica obligaba a los partidos a ponerse de acuerdo para repartirse los cargos.

Como alternativa, los constituyentes idearon el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como una entidad autónoma, que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. Entre los deberes del organismo colegiado está realizar concursos públicos para la designación de las principales autoridades.

El organismo responde también al mandato constitucional que garantiza la existencia de una sociedad libre de corrupción. Esta entidad es la encargada de receptar e investigar denuncias que pudieran afectar la participación ciudadana, que generen corrupción o vayan en contra del interés social, así como de tramitar pedidos ciudadanos.

El artículo 208 de la Carta Magna detalla como uno de los deberes del organismo “investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción”. También “emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad e impulsar las acciones legales que correspondan”.

En base a eso la tercera disposición transitoria de la Constitución ordenó la absorción de la desaparecida Comisión de Control Cívico contra la Corrupción por parte del Cpccs. El nuevo organismo heredó los casos que estaban en investigación y también sus funciones. Según la vicepresidenta del CPCCS,Mónica Banegas, todos estos casos ya fueron resueltos.

Con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana se delineó el ámbito de acción de la entidad. Allí se establece la obligación que tiene de receptar e investigar las denuncias ciudadanas sobre corrupción. Si se acepta a trámite el organismo deberá emitir un informe debidamente sustentado y presentar la denuncia ante la justicia, proceso del que deberá hacer seguimiento.

Como un mecanismo de control social y por iniciativa ciudadana se crearon 206 veedurías en el país, 9 observatorios ciudadanos, 49 comités de usuarios y se capacitaron 825 defensores comunitarios.

Como ejemplo, en Guayaquil se conformó una veeduría para el hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que funcionó entre 2010 y 2012. Los informes fueron acogidos por el Cpccs en marzo de 2014, el cual verificó faltas como la doble facturación de un mismo afiliado, en una lista remitida por una clínica privada, en mayo de 2011. En base a esta y otras informaciones, el 21 de enero pasado el nosocomio fue declarado en emergencia.

Al parecer la falta de un caso emblemático y de mayor difusión de su trabajo ha levantado las críticas contra este organismo, tanto de la oposición y en Alianza PAIS. De hecho la bancada de este movimiento, mayoritaria en la Asamblea, analiza un posible proceso de fiscalización.

Frente a eso, Fernando Cedeño, presidente del CPCCS, aseguró que están abiertos para atender cualquier requerimiento de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, si es que son llamados a comparecer.

Con el propósito de transparentar el trabajo desarrollado en los últimos 5 años solicitó al contralor general del Estado, Carlos Pólit, que audite los procesos de designación de autoridades que estuvo a cargo del consejo. El fin es que no quede dudas sobre los procesos realizados.

Mientras que la vicepresidenta del organismo, Mónica Banegas, ha solicitado un examen especial de las declaraciones patrimoniales de los consejeros.

Al hacer una evaluación de este trabajo, la funcionaria destacó que el Consejo designó a las autoridades de control a tiempo y construyó participación ciudadana a través de varios mecanismos, pero, reconoció,  “en el tema de la lucha contra la corrupción los resultados son parciales y no como se esperaba”.

Por eso sugirió reformas a laLey Orgánica de Participación Ciudadana. Nueve de cada 10 ciudadanos que denuncian un caso al Consejo, ya lo han hecho a la Contraloría. La norma señala que el CPCCS pierde competencia cuando el asunto ya está en conocimiento de una instancia que forma parte de la Función de Transparencia. 

En cuanto a los casos investigados y que fueron conocidos y aprobados por el pleno del CPCCS, 189 están en la Contraloría, 17 en la Fiscalía y 123 en otras instituciones.

Banegas afirmó que los resultados escasos no son por falta de presupuesto, pero, reconoció, se ha dado una imagen negativa por un presunto “proselitismo político” en manos de los consejeros David Rosero y Andrea Rivera. Esto conllevó a que el bloque de PAIS analice un eventual juicio político en contra del primero.

Eso a raíz de que el consejero participó el 18 de mayo pasado en una protesta en Ibarra que realizaron los integrantes del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) cuando las autoridades intentaban intervenir las oficinas en cumplimiento a una disposición legal de traspaso de la administración al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). En esa acción el funcionario fue detenido por faltar de obra y palabra a los miembros de la Policía Nacional.

Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, del 15 al 17 de julio se designará a los consejeros y el 20 de julio se notificará a la Asamblea Nacional. (I)

Concurso queda pendiente para próximos vocales

El proceso de selección de los defensores de audiencias y lectores de los medios de comunicación de alcance nacional quedará en manos del próximo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social(CPCCS).

El pleno del organismo suspendió el concurso porque el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) remitió a este organismo un listado de medios por razón social, y no por área. El 15 de mayo, el Cordicom entregó al CPCCS una nómina de 57 medios de comunicación, previo a la convocatoria al concurso. Mientras tanto, el Cordicom realizará una consulta a la Procuraduría General delEstado sobre la relación de dependencia que tendrán los defensores de audiencias o quién será su patrono, ya que cada medio deberá pagar su sueldo.

De acuerdo con el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en enero de 2015 debían estar designados 122 defensores (principales y suplentes).

Estos funcionarios deberán promover la lectura crítica de mensajes en la población, elaborar informes mensuales sobre su gestión y de la ciudadanía.

La designación de los defensores se enmarca en el artículo 73 de la norma que exige que los medios de comunicación de alcance nacional cuenten obligatoriamente con un defensor de sus audiencias y lectores, designado mediante concurso público organizado por el CPCCS, quienes cumplirán sus funciones con independencia y autonomía. La ley, también, manda a los defensores a contar con mecanismos de interactividad con sus audiencias y lectores, y espacios para la publicación de errores y correcciones. (I)

Datos

El artículo 15 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece las condiciones que debe cumplir una denuncia para ser aceptada por el pleno del organismo:

- Cuando el Consejo de Participación sea competente para conocer el caso en razón de la materia, atenten en contra de los derechos relativos a la participación o generen corrupción.

- Cuando la denuncia cumpla con los requisitos legales.

- Cuando no se haya iniciado un proceso judicial de cualquier índole por el hecho, ni exista sentencia ejecutoriada al respecto.