En Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos se paga una pensión a los exmandatarios.

Por ejemplo en Perú, los expresidentes pueden recibir pensión vitalicia, siempre que sea solicitada al Congreso del país, la misma que es equivalente al salario de un congresista. Esta es revisable y condicionada a ciertos requisitos, por lo que en ocasiones es suspendida.

En la actualidad son muy pocos los expresidentes en esa nación que cuentan con pensión: hay casos de suspensión por sentencias como el caso de Alberto Fujimori, que está en prisión, o el expresidente Pedro Kuczynski, que no la ha solicitado. Además, en casos de procesos por corrupción, este beneficio se anula o modifica.

En Colombia, los expresidentes, tras la terminación de sus periodos, tienen el derecho constitucional a recibir una pensión vitalicia y un esquema de seguridad que garantice su protección y la de sus familias.

Los exvicepresidentes, por su parte, tienen acceso a escoltas estatales pero no reciben pensiones especiales tras la finalización de su cargo.

En Bolivia, el reconocimiento pecuniario es de por vida a expresidentes y exvicepresidentes que ejercieron funciones constitucionales y que no participaron en gobiernos dictatoriales, pero los exdignatarios que afrontan juicios de responsabilidad penal no podrán recibir este beneficio.

En Argentina, los expresidentes cobran una asignación mensual vitalicia equivalente al sueldo de un ministro de la Corte Suprema y no es condicional.

En Brasil, los expresidentes no reciben una jubilación, no obstante tienen derecho, de por vida, a ocho empleados pagados por el Estado: cuatro agentes de seguridad, dos choferes con autos y dos asesores personales.

En Chile, además de su pensión, también tienen cubiertos los gastos de traslado e incluyen peajes, combustible y gastos del vehículo. El único país de la región que no paga pensión es Uruguay. (I)