El Consejo de Participación y Control Social Transitorio (CPCCS-T) entregó un informe sobre presuntas irregularidades en el proceso de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

Según el informe, se emitieron “múltiples declaraciones de emergencia” desde la Presidencia de la República, Presidencia Ejecutiva de Petroecuador, Vicepresidencia de Petroindustrial y Gerencia de Refinación de EP Petroecuador con la finalidad de "obviar procedimientos" de contratación establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Añade el escrito que para la ejecución del proyecto de rehabilitación se recurrió principalmente a la aplicación del “giro específico del negocio”, una modalidad de contratación pública bajo régimen especial, "apartado de los principios y otros procedimientos contractuales legales".

“Esto se convirtió en una práctica para encubrir manejos poco transparentes: contratos otorgados a compañías en forma directa; contratos complementarios; convenios de pago; subcontrataciones sin autorización de la entidad contratante; discrecionalidad en el gasto; participación de empresas en actividades para las que no están calificadas; sobreprecios; entre otros”, destaca el informe del CPCCS-T.

El CPCCS-T solicitará a la Fiscalía del Estado acelerar los procesos de enjuiciamiento e investigar un presunto peculado en las conductas y actos ejecutados por Alex B., Carlos P.Y., Diego T.A., Marco C. V., Marcelo R. L. , Pablo R. Q., Diego R. B., Carlos Q. A., Raymond F., y Jaime M. W.

Además la institución remitirá el informe a la Contraloría General del Estado para que se explique el motivo por el cual hasta la presente fecha no se ha remitido a la Fiscalía un total de 9 informes con indicios de responsabilidad penal elaborados por los auditores de ese despacho.

Adicionalmente, se solicitará a la estatal Petroecuador que revise y tome acciones inmediatas sobre los procesos administrativos mal ejecutados y administrados por funcionarios de la empresa pública, que vulneraron el sistema económico, financiero y legal, causando graves perjuicios al  Estado, según el comunicado del organismo transitorio. (I)