Los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCST) resolvieron llamar al superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, para que presente sus pruebas de descargo sobre el informe jurídico que hizo la entidad y que recomienda cesarlo del cargo.  

En la segunda sesión ordinaria efectuada ayer por la tarde se leyó el análisis que hizo el departamento jurídico, el cual determinó que Rivera fue designado en 2017 como Superintendente entre una terna enviada por el entonces presidente Rafael Correa y resultó favorecido por el Consejo de Participación Ciudadana, por ello se emitió el respectivo decreto ejecutivo.

Sin embargo el funcionario no fue posesionado y asumió otros cargos hasta que renunció como asesor del presidente Lenín Moreno. Hizo efectivo el nombramiento 237 días después de la designación.  

Por este motivo, indica el informe, se habría violentado el artículo 16 de la Ley de Servicio Público que determina que la posesión del cargo debe hacerse en máximo 15 días, por lo que recomendó la destitución,

El pleno resolvió convocar a Rivera para que haga uso de su derecho a la defensa el próximo 29 de marzo, luego de lo cual se determinará si el informe será acogido.

En la sesión también aprobaron el reglamento de evaluaciones al que serán sometidas todas las autoridades de control, el cual considera cuatro parámetros: legitimidad en el cargo, cumplimiento de funciones, uso de recursos públicos y transparencia.

El consejero Pablo Dávila dijo que esta normativa contó con el aporte de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) y que se usará de inmediato.

Así mismo, en la sesión resolvieron exhortar a la Asamblea para que inicie lo más pronto posible el juicio político contra el fiscal Carlos Baca para que se aclaren los hechos y se revisen las denuncias contra la fiscal subrogante Thania Moreno.

Además pidieron que apuraran las reformas a la Ley de Comunicación. (I)