Relator de la CIDH nota cambios positivos entre la prensa y el gobierno

- 30 de julio de 2018 - 00:00
Édison Lanza. Relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Foto: John Guevara / El Telégrafo

Para el comisionado de la CIDH, el Estado no puede decidir cómo ejercer el derecho a buscar, procesar y difundir información porque es censura previa.

El relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, asegura que en Ecuador es “evidente” que existe un cambio positivo en la relación prensa y Gobierno.

El comisionado sostiene que entre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación se deben analizar varios puntos, entre ellos: la reparación a los medios masivos de información con la creación de “políticas de no repetición” por la violación a “libertades fundamentales”.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH fue uno de los organismos que siguió más de cerca la relación entre la prensa y Gobierno en Ecuador. ¿Hay cambios en este momento?

Es evidente en el tono y el relacionamiento entre el Gobierno y los periodistas. Pasamos de un Gobierno que desacreditaba a la prensa, que la estigmatizaba y la trataba con los peores calificativos, a un Gobierno que da conferencias, que responde las preguntas de la prensa.

Hay una distancia abismal y si a esto sumamos la invitación a la Comisión y a la Relatoría, para que trabajen desde distintos niveles para mejorar la libertad de expresión, implementar cambios normativos y un sistema de seguimiento de crímenes de periodistas es un cambio que saludamos y valoramos.

¿Cuáles son los cambios normativos más urgentes?

Hay un proceso para reformar la Ley de Comunicación. Nosotros presentamos un documento ante el Gobierno y la Asamblea saludando algunos cambios propuestos, pero también promovemos que algunas disposiciones se estudien con mayor profundidad.

¿Como cuáles?

Una es el derecho a respuesta y réplica, creemos que se debe ajustar al artículo 14 de la Convención Interamericana, que señala que no procede la respuesta ante cualquier alusión a una persona sino cuando se comprueba que el periodista o medio publica una información con agravios, por lo tanto eso necesita un procedimiento judicial específico. No debe ser como ahora que un funcionario quería imponer una respuesta y se imponía hasta como titular a un medio. Otro tema es el derecho a la circulación de información. Existe una serie de prohibiciones que creemos que deben ser revisadas.

Hay un sector de la ciudadanía que dice que se debe proteger a la gente de los abusos de la prensa...

Con ese objetivo loable por 10 años en Ecuador se intentó imponer y controlar todas las actividades de los periodistas y no fue un buen camino. Eso lo dijimos desde los organismos internacionales, pero se aplicaron esas normas que generaron mucho daño a la democracia y al periodismo ecuatoriano. Hubo medios que cerraron, periodistas que se fueron del país, miedo, inhibiciones, falta de un periodismo de investigación de hechos de corrupción que hoy se están investigando. Ese no es el camino.

¿Cuál es el camino?

En democracia no podemos ver a los medios como un elemento malo o dañino como se los presentó en el anterior Gobierno. Debe existir un discurso positivo hacia los medios por parte de las autoridades, reconociendo su rol en democracia eso es sustantivo. Ahora el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, hay mecanismos para proteger a las personas que se sientan afectadas.

Está el derecho a la réplica, la autorregulación de los medios clara y transparente;  promover consejos de prensa que puedan evaluar quejas de la ciudadanía; promover el periodismo en las universidades o medios públicos que no se dediquen a defenestrar a los opositores sino a hacer periodismo de calidad.

Pero en esta discusión se habla de los nuevos medios, de incorporar controles a los medios digitales...

Es un tema que saltó y hay que empezar a debatir, pero debemos recordar que son medios de naturaleza diferente, tienen una lógica y una tecnología distinta. Hay que promover foros abiertos, debates y la Relatoría está comprometida en eso. Pero en este momento tratar de colocar a estos medios en una Ley de Comunicación no es la vía.

La actual Ley de Comunicación tiene un núcleo que sustenta todo su articulado, que la comunicación es un servicio público, usted está en contra, ¿por qué?

La comunicación implica el derecho de cualquier persona, colectivos, gremios de buscar y recibir información. Esa es una garantía de las personas frente al Estado, que no puede limitarse sino a través de condiciones que estipula el derecho internacional.

Cuando se hace periodismo se busca información, se procesa y se difunde, cuando la gente lee un diario ejerce su derecho a la información. Esos tres verbos sustentan el derecho a la libertad de expresión. Si uno dice el Estado va a decidir cómo ejercer el derecho a buscar, procesar y difundir información estamos volviendo a la censura previa.

Usted dijo que los medios de comunicación ecuatorianos deberían ser reparados por los años de vigencia de la Ley de Comunicación. ¿Cómo sería esa reparación?

Hay que pensar un mecanismo. Si el Estado está reconociendo al enviar el proyecto de Ley y declaraciones públicas que la Ley violó libertades fundamentales de todos los medios en el derecho internacional hay que reparar ese daño e implementar políticas de no repetición. Y este es el momento porque la Asamblea a través de la Ley puede resolverlo.

En derecho internacional esas reparaciones son económicas y de disculpas públicas. ¿Esas serían las reparaciones?

No hay que adelantarse. Se me ocurre archivar los casos judiciales que están vigentes, pero también pueden ser reparaciones simbólicas o económicas, pero no quiero adelantarme. (I)

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