La reconstrucción ocultó presuntas irregularidades

- 15 de marzo de 2019 - 00:00
Foto: Archivo / El Telégrafo

Informe del Consejo Transitorio revela que el decreto de emergencia por el terremoto de 2016, fue aprovechado para entregar contratos a empresas de familiares.

La reconstrucción de Manabí fue el pretexto para que funcionarios del anterior régimen desviaran $ 707 millones en contratos a empresas de familiares. Esta es una de las conclusiones anotadas en un informe de la secretaría anticorrupción del Consejo  Transitorio (CPCCST).

Un equipo de esa entidad visitó la provincia, cuya infraestructura fue afectada por el terremoto del 16 de abril del 2016, lo que motivó al entonces presidente Rafael Correa a emitir seis decretos de emergencia que se renovaron en 5 ocasiones.

Según el análisis, este marco posibilitó que Carlos Bernal, exsecretario Técnico para la Reconstrucción de Manabí, entregara contratos a la empresa Construhidrocab, por $ 398’700.000, la cual tiene como accionistas a su esposa Denisse Vélez, a su cuñado Xavier Vélez y a su madre Carolina Alvarado.

Además se habrían configurado delitos tales como peculado, testaferrismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria.

De la misma manera, Susana Dueñas, exsecretaria de Gestión de Riesgos y exgobernadora de Manabí, contrató con las empresas Wadusa, de José Dueñas, su hermano y la compañía Andu Construcciones, de su cuñada, María Zambrano.

Ellos participaron de contrataciones públicas con instituciones estatales, como el Ministerio de Desarrollo Urbano de Manabí, Empresa Pública de Construcción Manabí Construye y Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, en las que se invirtieron recursos económicos de la Ley de Solidaridad.

El informe menciona que además comprobaron la existencia de ilegalidades en obras que tienen incremento de costos, multas sin cobrar, subcontrataciones indebidas, cambios en los diseños, estudios de carreteras sin justificación técnica y pagos por rubros no ejecutados.

Marcela Estrella, secretaria anticorrupción, dijo que un equipo de la entidad viajó a Manabí y durante 15 días recorrió las obras emprendidas por las empresas contratadas.

La inspección en la zona permitió comprobar que todavía hay personas sobreviviendo en carpas improvisadas donde no hay cobertura de servicios básicos.

Los inspectores verificaron en estos sitios aguas servidas a la intemperie y notaron que los pobladores temen denunciar por miedo a perder lo poco conseguido para su supervivencia.

Así mismo notaron que por ejemplo en la ciudad de Pedernales existe solo una ambulancia para transportar pacientes al Hospital de Santo Domingo.

Además hay personas que sobreviven en refugios levantados con palos y bolsas plásticas. En el reasentamiento La Nueva Chorrera, las casas que fueron entregadas no tienen agua potable y las tuberías de aguas servidas bajan por el techo de la cocina. Todo esto permitió elaborar el estudio.

“El próximo lunes denunciaremos en la Fiscalía todas las irregularidades que encontramos en el uso de los recursos para reconstruir Manabí”, aseguró.   

La funcionaria mencionó que entregarán las suficientes pruebas para que la Fiscalía pueda determinar quiénes son los autores, cómplices y encubridores de los delitos que se cometieron por el mal uso de los fondos.  

El presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, manifestó su preocupación por estos actos de corrupción, “donde están tantos millones invertidos en Manabí, provincia que sigue con las mismas necesidades; no hemos conseguido nada”.

Anteriormente el CPCCST presentó otras dos denuncias referidas a la construcción de la Hidroeléctrica Manduriacu y la Refinería del Pacífico, donde detectaron igualmente actos de corrupción por el mal uso de fondos y que al momento están bajo investigación. (I)

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