La publicidad estatal está bajo análisis para su inclusión en las reformas

- 26 de diciembre de 2019 - 00:00
En 2018, la Comisión aprobó el informe para segundo debate con la modificación de 100 de los 145 artículos de la ley y se agregaron 23.
Foto: Archivo / El Telégrafo

Un nuevo planteamiento en las reformas a la Ley de Comunicación (LOC) es analizada en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Esta vez se relaciona con la difusión de publicidad y propaganda estatal en medios de comunicación.

El legislador de CREO, Fernando Callejas, es quien promueve el proyecto y sostiene que los cambios son orientados a controlar el abuso y el mal uso de los recursos públicos para publicidad por parte del Estado.

Callejas propone que el monto asignado para la difusión de publicidad y propaganda estatal no supere el 0.2% del presupuesto anual, que corresponde a cada una de las funciones y entidades del Estado.

La iniciativa de Callejas se unirá a la disposición del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que solicita las reformas al artículo 5 de la LOC, que busca que la comunicación sea un derecho y no un servicio.

Los integrantes de la mesa observaron que, entre otros aspectos, es necesario considerar varios factores en función de las diversas jurisdicciones del país para establecer un techo económico en relación a las pautas y propaganda electoral.

El asambleísta de Alianza PAIS, Jorge Corozo, vicepresidente de la Comisión, explica que para inicios de 2020 se tendrá listo el informe para segundo debate en el pleno del parlamento. “Hasta el momento hemos tratado el artículo 5 sobre el tratamiento de la comunicación como un derecho” expresa Corozo.

Sin embargo, todavía no existe fecha exacta para la entrega del informe. El legislador de la bancada de Revolución Ciudadana, Cristóbal Lloret, recalca que  continúan las comparecencias, pero que dentro del cronograma de actividades de la mesa en el mes de enero sí está prevista la entrega del documento.

Las últimas reformas a la LOC se efectuaron el 18 de diciembre de 2018, tuvo 75 votos afirmativos y planteó, entre otros puntos, la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y de la figura de linchamiento mediático. (I)

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