Hay nueve causas de la corrupción en Ecuador, según el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción.

Estas son el modelo de gestión burocrático ineficiente e ineficaz en la administración pública; la falta de transparencia; la confusión jurídica que da poder discrecional a los funcionarios; la legislación compleja y la duplicidad de responsabilidades de diferentes organismos del Estado, entre otras.

Pero, quizá, una de las más importantes es el auge del delito relacionado con el lavado de activos para generar flujos financieros ilícitos fruto de la evasión de impuestos. También está la politización de la administración de la justicia.

Para enfrentar el problema las funciones del Estado y las organizaciones sociales participaron en las Jornadas por la Integridad Pública y la lucha contra la corrupción, organizadas por la Contraloría.

Allí, en dos días de debate y acuerdos, confirmaron su compromiso para poner en práctica el plan. Su objetivo es promover la integridad en la gestión pública y privada que se desarrolle con recursos públicos.

¿Pero qué está previsto para aterrizar ese plan? Lo primero es impulsar las reformas a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, al Código de la Democracia, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Sin embargo, reformar las leyes no es suficiente, dijo el politólogo de la Universidad Andina, Gustavo Isch. Los cambios de conducta de la sociedad no dependen de reformas legales ni de acercamientos basados en pedagogías éticas. “Una de las principales causas de la corrupción es la impunidad, que es un mal ejemplo y un círculo vicioso para todos”, explicó.

En el plan, además, se plantean mecanismos para canalizar las denuncias ciudadanas sobre hechos de corrupción, darles seguimiento y proteger a los denunciantes.

Para el analista político Napoleón Saltos, el país contabiliza 214 denuncias de corrupción en el sector público. Pero, advirtió, que cuando hay funcionarios corruptos también hay empresas corruptoras. “Se necesita el conocimiento de la verdad y la educación de la voluntad que es tomar conciencia de que eso está mal”, señaló.

Aunque crear un código de conducta ética de la función pública, para establecer principios normativos y la integridad en la gestión pública, parece no ser suficiente. (I)