Los constructores y los obreros desempleados empezarán a respirar este martes. El pleno de la Asamblea analizará mañana el informe para el primer debate del proyecto de ley derogatoria para evitar la especulación sobre el valor de la tierras y fijación de tributos o llamada Ley de la Plusvalía.

Esto es el resultado de la consulta popular del pasado 4 de febrero. Allí el 63,10% de los ecuatorianos votó a favor de eliminar la Ley de la Plusvalía.

El informe fue elaborado por  Comisión Ocasional para la aplicación de la consulta popular en seis sesiones, una de ellas en Portoviejo, provincia de Manabí.

Según el documento, esa normativa aprobada en el 2016 generó un debate y afectó al mercado inmobiliario y al sector de la construcción.

La comisión recibió a la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador. Ellos dijeron que la Ley de Plusvalía en los dos últimos años ha disminuido en el Producto Interno Bruto en “al menos 1.500 millones de dólares”. Además, explicó la asociación, que esa normativa dejó a 115.000 personas sin empleo y que ocasionó el cierre de empresas de la construcción.

Según ellos, el sector de la construcción registra un déficit de vivienda de 110.000.

La ley no controló la especulación de tierras, sino que frenó al sector y generó desconfianza para invertir. Por eso, explicó esa asociación, que existen proyectos inmobiliarios paralizados.

La publicación de Cuentas Nacionales Trimestrales del Banco Central coincide con los inmobiliarios: la industria de la construcción de vivienda registró un decrecimiento de un -1,7% en el segundo trimestre de 2017; y de un -7,9% con respecto al segundo semestre de 2016.

El informe confirma que el decrecimiento en el sector afecta a la oferta de trabajo y  termina incrementando la tasa de desempleo en el país.

Sin embargo, Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), integrante de la Comisión Ocasional, advirtió que con la vigencia de la Ley de Plusvalía no se derogó la sección sexta del Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Esta comprende los artículos 556 al 561 de los impuestos por utilidades y plusvalía que aún siguen en vigencia, dice el informe. (I)