Hackers de 9 países intentan dañar red informática del sector público

- 16 de abril de 2019 - 00:00
Foto: El Telégrafo

Desde la detención de Julian Assange los técnicos del Ministerio de Telecomunicaciones registraron 8.000 tentativas por minuto para bloquear el acceso a las páginas en internet de entidades del Gobierno y de municipios.

Los intentos por bloquear el acceso a las páginas de entidades públicas del país, se intensificaron a raíz de la detención del ciberactivista  australiano Julian Assange.

El Ministerio de Telecomunicaciones detectó más de 40 millones de tentativas, que tenían por objetivo inhabilitar las páginas de internet de ministerios y entidades de servicio público.

El viceministro de Tecnologías, Patricio Real, indicó que los ataques empezaron el jueves 11 de abril en horas de la tarde y continuaron con intensidad hasta las primeras horas de este lunes 15 de abril, en que disminuyeron ligeramente.

Aseguró que las “tretas” provinieron de hackers de Estados Unidos, Brasil, Holanda, Alemania, Rumania, Francia, Austria, Gran Bretaña y Ecuador.

Por este motivo apenas se notó la inusual actividad, el presidente Lenín Moreno, convocó al gabinete sectorial de seguridad, liderado por el Ministerio de Defensa, e inmediatamente activaron el protocolo creado para estos casos.

Las acciones aplicadas, permitieron frenar las intromisiones a las redes nacionales y que “tienen como objetivo afectar la institucionalidad del país”, manifestó el funcionario.

El personal del Ministerio, junto con los técnicos de las diferentes instituciones intervinieron para cuidar la integridad de las páginas de internet de 300 entidades públicas, a las que les proporcionaron el soporte que cada una necesitaba.

De esta manera tienen una supervisión especial las redes informáticas del Instituto de Seguridad Social (IESS), el sistema de salud pública, Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central, Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Empresa Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec E.P.).

Las instituciones que más recibieron los intentos de intrusión fueron la Cancillería, Banco Central, Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Servicio de Rentas Internas (SRI), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Consejo de la Judicatura.

También los ministerios de Telecomunicaciones, de Turismo, de Ambiente, Gobiernos Autónomos descentralizados (GAD) y hasta universidades.

Las evidencias de los ataques desde diferentes puntos del país serán entregadas a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones.

La ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que el pasado sábado un correo institucional y la página web de un municipio del país fueron pirateados y presentaron una imagen congelada de Julian Assange, pero fueron recuperadas enseguida.

El asambleísta René Yandún, de la Comisión de Relaciones Internacionales, dijo que existe vulnerabilidad de nuestras redes informáticas.

Explicó que se deben adquirir más equipos que protejan nuestro ciberespacio, pues la tecnología avanza al igual que los hackers. (I)

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Ciudadano sueco apelará la prisión preventiva

El abogado Carlos Soria visitó este lunes 15 de abril al sueco Ola Bini en el Centro de Detención Provisional (CDP) de El Inca, en el norte de Quito.

Bini está procesado por el presunto delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. El Código Orgánico Integral Penal sanciona este delito con prisión de 3 a 5 años. Soria señaló que apelarán la prisión preventiva.

A su criterio, el procedimiento se realizó de manera irregular desde el momento de la detención, así como en la audiencia de formulación de cargos. ”No le dieron la opción a ninguna otra medida cautelar”, dijo Soria.

Al abogado le preocupa que las condiciones de habitabilidad en el CDP no sean las adecuadas para su defendido.

Los padres de Bini llegaron este lunes 15 de abril a Ecuador. También acudieron los representantes de la Asociación de Software Libre. David Ochoa, presidente de esa agrupación, reiteró que en la detención de Bini se violó el debido proceso.

Según Ochoa, la Asociación de Software Libre promueve desde hace 10 años la “privacidad y el conocimiento tecnológico”. La instrucción fiscal para recabar información durará 90 días. (I)

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