El Fondo de Promoción Electoral genera debate y rechazo

- 28 de agosto de 2020 - 09:03
Ilustración: El Telégrafo

Los ciudadanos piden que no usen sus impuestos para pagar la campaña en los medios de comunicación de las organizaciones políticas. Mientras los movimientos y partidos políticos dicen que el Fondo de Promoción Electoral democratiza la contienda en igualdad de condiciones.

Ese fondo financiará la propaganda y la publicidad en los medios de comunicación de los candidatos que terciarán en las elecciones nacionales de 2021.

La noche del jueves 27 agosto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que ese fondo será de $ 20,3 millones para los próximos comicios.

Hay dos normas que sustentan ese fondo nacido en la Constitución de Montecristi en 2008. La primera es la Carta Política, artículo 115, que señala: el Estado asigne de forma "equitativa e igualitaria la promoción electoral" para la difundir las propuestas de las candidaturas.

La segunda es el Código de la Democracia que dice: el financiamiento comprenderá solo la campaña de propaganda en prensa escrita, radio televisión y vallas publicitarias. La administración de esos recursos públicos está en manos del CNE, no de las organizaciones políticas.

Sirven para difundir sus candidaturas y programas a través de los medios de comunicación nacionales, regionales, locales, que por primera vez incluyen a los digitales para los próximos comicios. El organismo electoral se encarga de pagar directamente esos espacios publicitarios, incluso debían $ 36 millones hasta el 6 de septiembre de 2029, así como $ 800.000 que se arrastran de administraciones anteriores.

Todavía no se define cuánto recibirá cada movimiento o partido que participe en la contienda electoral, ni se conoce el número de candidatos.

Sin embargo, se prevé que cada binomio presidencial reciba $ 301.175, según anunció el CNE. Pero la existencia de ese fondo está en debate. Algunos dicen que no es posible financiar esa campaña cuando el país está en medio de una crisis sanitaria y económica.

Las últimas elecciones de medio período en 2019, le costaron a los ecuatorianos $ 42,8 millones, una cifra que hubiera servido para cubrir algunas de las necesidades de los más pobres de la población.

¿Qué opiniones tienen las organizaciones políticas, la politóloga y la academia?

El movimiento CREO está contra el fondo. Guillermo Lasso, líder y candidato presidencial de CREO, se ha pronunciado sobre ese tema en las redes sociales.

El legislador y coordinador dela  bancada de CREO, Luis Pachala, dijo a El Telégrafo que ellos renunciaron a ese fondo porque hay otras necesidades apremiantes en la pandemia. “Esos recursos tienen que destinarse a aquellos que están en primera línea y cuidan la salud de los enfermos”.

Según él, cada movimiento y partido político que participará en las elecciones deberían gastar de su bolsillo la campaña. “En la actualidad existen formas menos costosas en las redes sociales y en los medios digitales para difundir las propuestas de los candidatos. A eso tenemos que apuntar”, enfatizó.

La politóloga y decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, María Paz Jervis, sostuvo que es un tema complejo. Cuando el pueblo tiene hambre todos los derechos están supeditados a ello y parece grotesco que se pague atrasados los salarios del sector público o se despidan a cientos de empleados, mientras existe un fondo para pagar la publicidad de políticos.

“La ley hay que respetarla y cumplirla. Pero también puede modificarse y atender a las necesidades, el espíritu de ese fondo suena terrible porque se entrega dinero. Eso garantiza una representación en democracia”.

Explicó que la historia data de los políticos y muestra que ellos tenían que venderse a grandes patrocinadores y terminaban presos de sus intereses. “Hoy el modelo es perverso, las leyes no son perfectas y tienen sesgos. Quienes participen en política deben tener ética y los ciudadanos les vamos a calificar y tenemos que castigarlas”.

Caso Sobornos

En tanto que el politólogo Napoléon Saltos recuerda el financiamiento de la campaña del Estado en el caso Sobornos 2012-12016.

"En el caso Sobornos hubo recursos de la campaña electoral desde el Estado. También un manejo económico desde intereses privados, de empresas transnacionales y locales".

En ese sentido destacó que “hay que desmontar este tipo de relaciones y las reformas al Código de la Democracia no pusieron remedio a esa situación, disminuyeron la cantidad del fondo, pero no ejercen mecanismos de control. Ese es un período en el cual los intereses oscuros han sido denunciados por vocales del CNE, como el narcotráfico que controlaba candidaturas”.

El Fondo de Promoción Electoral es un ejercicio de la democracia representativa, está tutelado por el Estado, que financia y norma la propaganda. Pasa por la administración directa del CNE y hay un vacío de mensajes y propuestas de las organizaciones políticas. Según él, hay desperdicio de esos fondos en propagandas que son repetición de eslogan.

Hoy necesitamos su reordenamiento en dos direcciones: la primera, como estamos en crisis, un porcentaje de esos fondos debería ser para la atención de la pandemia.

Además deben dirigirse a debates programáticos, los candidatos tienen la obligación de responder a las preguntas centrales de los ecuatorianos: alimentación, salud, educación y empleo.

“Hay que obligar a los candidatos a presentar propuestas, no propagandas ni marketing. Las elecciones se han convertido en una especie de mercado y mezcla de candidatos y de nombres y de marketing”. Por eso, los ciudadanos desconfían de los políticos, apenas el 5% de ellos cree en los partidos; y el 87% aún no define su voto para los candidatos. (I)

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