Fiscalía suma 80 pruebas en el juicio contra el Vicepresidente

- 01 de diciembre de 2017 - 00:00
Por séptimo día se realizó la audiencia de juicio por el presunto delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de la constructora Odebrecht.

Carlos Baca presentó los testimonios de 40 personas e igual número de documentos. La prueba clave, según él, es un certificado de que Jorge G. estuvo fuera de Quito el 22 de junio de 2016.

Ayer fue el séptimo día de audiencia de juicio por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Están procesadas nueve personas, entre ellas el vicepresidente de la República, Jorge G. y su tío Ricardo R., acusados de asociación ilícita.

El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, presentó sus últimas 13 pruebas documentales.   

Con ellas completó 40 documentos entre asistencias penales internacionales, oficios y copias certificadas de actas de recepción, ofertas de licitación y otros, que se incorporan al expediente.

A estas se suman las 40 pruebas testimoniales y de peritos que presentó en días pasados, con lo que sumó en total 80. Entre la documentación presentada ayer consta un oficio de la Vicepresidencia de la República que confirma que Jorge G. estuvo fuera de Quito el 22 de junio de 2016.

Para la Fiscalía, ese elemento es importante porque guarda relación con una conversación que mantuvo Ricardo R. con José Conceição Santos, exdirector de Odebrecht-Ecuador, ese mismo día.

Los oficios de la Vicepresidencia también aclaran que Jorge G. tuvo dos reuniones oficiales con Santos. Una, el lunes 13 de abril de 2015, y otra el 4 de marzo de 2016.

“Con esto se interrelaciona que la reunión del 22 de junio de 2016 no estuvo agendada”, sostuvo Baca Mancheno, quien aseguró que en la audiencia se ha respetado de manera irrestricta, clara y transparente el pleno derecho de todos los acusados.

“Pero, a su vez, queremos dejar sentado que Fiscalía, a lo largo de estos siete días de audiencia, ha presentado abundante y contundente información y pruebas que demuestran la asociación ilícita y la participación de los acusados”, sostuvo.

Fiscal será acusado

Para Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge G., el fiscal no ha presentado ninguna prueba incriminatoria contra su defendido y, por tanto, no ha demostrado el cometimiento del supuesto delito de asociación ilícita.

Más bien advirtió que iniciará acciones legales contra el Fiscal porque se ha configurado la acción delictiva del funcionario, quien trató de inducir al juez con una prueba no real, como es la presunta sentencia contra José Conceição Santos.

“Ese es un delito estipulado en el artículo 272, fraude procesal, y por eso él no quedará en la impunidad...es causal de destitución”, dijo. Pero el Fiscal le restó importancia al tema. “Los abogados en el ejercicio y la fuerza de defensa pueden decir cualquier cosa, pueden alegar cualquier cosa, pueden amenazar de cualquier manera; la Fiscalía está cumpliendo con su deber”.

El Fiscal afirmó también que la prisión preventiva de los procesados en este caso no va a caducar. “Estamos dentro de los plazos, no va a caducar la prisión preventiva, no vamos a permitir que se burlen de la justicia”, advirtió. (I)

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Procuraduría acusó al excontralor ante la Corte

La Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular en contra del excontralor general del Estado, Carlos P. y su hijo Jhon P., dentro del proceso por el presunto delito de concusión en la red de corrupción de Odebrecht.

Carlos Jurado Bedrán acudió, en representación de la Procuraduría, a la Corte Nacional de Justicia para presentar el escrito dirigido al juez sustanciador del caso Luis Enríquez Villacrés.  

La acusación particular solo se orienta para el excontralor y su hijo, no así contra los otros dos procesados en esta causa, Carlos N. y Estéfano I.

Al exfuncionario se lo investiga por presuntamente haber recibido alrededor de $ 10,1 millones de la constructora brasileña, por desvanecer glosas en contra de esta empresa y por entregar informes favorables.

De acuerdo a información presentada por el fiscal general, Carlos Baca, las resoluciones de la Contraloría permitieron a la constructora desvanecer glosas por más de $ 70 millones, por lo que se formularon cargos en contra de Carlos P. por el delito de concusión. (I)

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