Seis organizaciones políticas están aprobadas sin tener las firmas requeridas

- 21 de junio de 2019 - 16:10
Fuerza Compromiso Social, movimiento cuyo máximo representante era Iván Espinel, es una de las organizaciones políticas cuestionadas.
Foto: Archivo / El Telégrafo

Un informe borrador de la Contraloría General determina que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la inscripción de seis organizaciones políticas nacionales, sin que hayan tenido las firmas de respaldo requeridas por ley.

Los auditores de la entidad trabajan en el examen especial a los sistemas informático, infraestructura, tecnológico y de comunicación que fueron utilizados en la inscripción, registro y extinción de organizaciones políticas en el CNE, durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de agosto de 2018.

Los primeros indicios señalan que los movimientos inscritos sin cumplir el mencionado requisito son: Fuerza Compromiso Social, (su máximo representante Iván Espinel); Podemos (Paúl Carrasco); Justicia Social (Jimmy Salazar). Además, Libertad es Pueblo (Gary Moreno); Unión Ecuatoriana (Washington Pesántez) y Concertación (César Montúfar).

La ley indica que para aprobar la inscripción de una organización política, tienen que presentar el 1,5% de adherentes calculado del padrón electoral. Pero estas organizaciones no contaban con las rúbricas de adherentes necesarias y validaron firmas con base en un sistema informático defectuoso que no fue verificado por los técnicos del CNE, indica el informe preliminar.

El análisis de los técnicos de Contraloría determinó que en el caso de Justicia Social presentaron 175.562 firmas de respaldo, pero solo eran válidas 169.279.

El movimiento Podemos tiene 161.342 rúbricas, de las cuales solo 149.512 eran válidas. Fuerza Compromiso Social presentó 174.700, pero tenía válidas 158.413. De Libertad es Pueblo se revisaron 198.754, pero válidas eran 181.706. En todos los casos no cumplían con el porcentaje legal para su registro.

Las autoridades del CNE responsables de la calificación de esas organizaciones políticas tienen cinco días para enviar documentos de descargo a la Contraloría y así desvirtuar las irregularidades halladas. (I)

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