“El Estado podrá recuperar los bienes mal habidos sin una sentencia penal a las personas”

- 19 de septiembre de 2020 - 06:00
Cortesía

Raúl Tello, del movimiento Unidos por Pastaza, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea.

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que fue presentado por exlegislador de CREO Fabricio Villamar, el 22 de octubre de 2019, pasó el primer debate este jueves. El presidente de la Comisión, Raúl Tello, dijo que es una herramienta eficaz para luchar contra la corrupción. Según él, los correístas y algunos socialcristianos se oponen al proyecto.

¿Cuál es el tema principal de este proyecto de ley? 

Es una herramienta para luchar contra la corrupción y es súper eficaz para recuperar los capitales, los bienes que han sido adquiridos de manera ilícita. El Código Integral Penal (COIP) no permite esa recuperación ni con eficiencia ni con eficacia, porque se requiere una sentencia penal y eso demora mucho tiempo, además depende de la voluntad de los jueces.

En cambio, el proyecto de Ley de Extinción de Dominio actúa sobre los bienes y capitales mal habidos, no sobre las personas. No tiene nada que ver la presunción de inocencia de una persona y la sentencia será sobre los bienes, si son ilícitos la Fiscalía actuará inmediatamente sobre ellos. Las personas intervendrán, pero no como partes procesales, y se les citará para que puedan justificar la tenencia de esos bienes.

¿Qué permite esta propuesta? 

Le permite al Estado recuperar los bienes mal habidos sin una sentencia penal a las personas.

¿El Estado puede vender esos bienes? 

Sí, el Estado tomará posesión del bien y debe ser monetizado de inmediato con un proceso transparente para evitar gastos en su administración o que cambien las vacas Holstein por otras de baja calidad. También determina hacía donde deben ir esos recursos.

¿Qué establece en los casos de testaferrrismo? 

Es un ámbito muy importante. En este momento cuando alguien está en un proceso penal inmediatamente transfiere sus bienes a otras personas. En el proyecto no es importante si el bien está en manos de un testaferro porque solo con la presunción de que ha sido adquirido ilícitamente, el Estado podrá actuar y recuperarlo al margen de la acción penal.

La propuesta tiene los principios de la imprescriptibilidad y de la retrospectividad. ¿Por qué? 

El texto debe ajustarse al artículo 273 de la Constitución sobre los delitos de corrupción. Estos son imprescriptibles, que no pierden validez ni vigencia, y van de la mano con la restrospectividad. Eso quiere decir que la ley permitirá actuar sobre los bienes adquiridos ilícitamente. Por ejemplo, un bien ilícito comprado hace un año no se convierte en lícito después de dos o cinco años.

Miramos lo que está detrás de ese bien ilícito y toda la vida será ilícito. La idea es actuar sobre todos esos bienes que siguen en manos de determinadas personas.

Ustedes plantearon que haya jueces especializados en extinción de dominio. Pero el Estado no tiene fondos. 

Planteamos que no haya apelación, además que los jueces penales no tramiten esos procesos, sino jueces especializados en extinción de dominio. El Estado tiene que recuperar lo robado y financiar a esos jueces, a los juzgados de bienes que están en el proyecto.

Recordemos que en la administración pública existe un perjuicio de 35 mil a 40 mil dólares. Con eso pagarían a los jueces y fiscales. Además, está el dinero del ilícito es del narcotráfico y de la trata de personas.

¿Quiénes están contra la futura Ley de Extinción de Domino? 

Escuché intervenciones bastante preocupantes sobre persecución política y de alguna manera ya se visualiza cómo votarán. Hay muchos a los que les incomoda este proyecto y es obvio que no puede ser un mecanismo de persecución política.

Los cuestionamientos más furibundos vienen del correísmo. También de algunos asambleístas del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG). Cuando se apruebe el proyecto se aplicará para todos: el Gobierno central y el resto de autoridades locales, provinciales, regionales. Ahí se explica esa reacción.

¿Por qué se ha demorado casi un año en su tratamiento? 

Es el único que llegó a la Comisión, hay otro de Elizabeth Cabezas que no se ajusta a la Constitución. También la Comisión de Justicia reclama este proyecto, pero allí hay otras propuestas guardados por años. Tengo una carta de la asambleísta Peña reclamando el proyecto para su mesa.

Frente a eso le di mucha celeridad e hicimos un análisis profundo para garantizar los aspectos constitucionales. Ha sido un trabajo con la Fiscalía, la ex Secretaría Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura, jueces de extinción de dominio de Colombia. Quizá hubo la intención de no tramitar este proyecto, pero ya pasó el primer debate. 

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