El debate sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) también se centra en sus competencias en procesos de participación y organización de la ciudadanía.   

Analistas indican que desde su formación, en 2008, el Consejo respondió a los intereses políticos del Gobierno anterior y no ejerció ningún tipo de participación ciudadana.

Ellos creen que el Estado no debe dirigir o controlar los procesos de participación, puesto que este es un derecho consagrado en el artículo 95 de la Constitución. Sin embargo, hay otras voces que dicen lo contrario.

Los propios consejeros del CPCCS señalan que las iniciativas ciudadanas a favor de la desaparición del organismo solo argumentan dos de las 12 funciones del organismo.

“Pedimos que se respete al Consejo de Participación Ciudadana”, subraya la consejera María Fernanda Rivadeneira sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional a los referendos. ¿Pero qué pasará con las otras funciones como la silla vacía, las asambleas ciudadanas, entre otras?

Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, cree que el hecho de que exista un organismo que regule y dé las directrices sobre cómo debe ser la participación ciudadana riñe con el propio concepto de la Constitución.

Con este planteamiento coincide Boris Cornejo, director de Fundación Esquel. Él explica que la participación ciudadana debe ser autónoma, independiente y no puede ser regulada ni organizada desde el Estado.

Recalca que durante estos 10 años, el CPCCS persiguió a las organizaciones sociales y no tomó decisiones sobre las denuncias de corrupción y respondió al poder de turno.

Según un estudio de la Fundación Esquel, desde la creación del CPCCS la ciudadanía ya no se organizó y perdió autonomía. El Consejo de Participación Ciudadana requiere de un presupuesto de $ 300.000 para la promoción de la participación, señala la exsubcoordinadora de Participación Ana Monroy. (I)