Cooperación de Odebrecht apuntaló al caso sobornos

- 30 de julio de 2019 - 00:00
Íñigo Salvador. Procurador
Foto: John Guevara / El Telégrafo

La imputación a 22 exfuncionarios de la Fiscalía es el resultado de la cooperación eficaz con la multinacional. La empresa brasileña debe indemnizar al Estado ecuatoriano y reparar el daño causado.

El procurador Íñigo Salvador habló con este Diario sobre la indemnización de Odebrecht al Estado ecuatoriano. A ella se sumarán los impuestos que no pagó durante la última década. Y la remisión de tributos a la que se acogió.

¿Después de ver toda la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, los ciudadanos se preguntan si seguirá contratando con el Estado?
Odebrecht, aparte de su vinculación en la trama de corrupción, es contratista incumplida con el Estado. Debe regularizar su situación y tendrá que ponerse al día en todas las obligaciones pendientes con el Estado ecuatoriano. Además tendrá que ganar las licitaciones en buena lid; normalmente ganaba los concursos pasando coimas.

Ahora tendrá que competir lealmente. Pero, sobre todo, tendrá que indemnizar al Estado ecuatoriano de manera justa. Tiene que reparar el daño que le causó. Por eso, en el grupo de trabajo de cuatro autoridades del Estado y de Odebrecht, que fue una empresa corruptora y ahora dice estar limpia, necesitamos una metodología clara para saber cuál fue el daño que Odebrecht le causó a Ecuador.

¿La vinculación de los 22 exfuncionarios de Correa en el caso sobornos 2012-2016- es parte de ese trabajo?
Es resultado de la cooperación eficaz con la empresa Odebrecht. Esa cooperación es atenuante a la responsabilidad de la compañía. Si nos entrega toda la información que permita investigar, juzgar y sancionar a todos los funcionarios públicos y empresarios privados involucrados en la trama de corrupción, podría ser que Obebrecht vuelva a contratar con el Estado.

Pero, jamás, permitiremos que Odebrecht nos imponga como condición para la indemnización que se le dé nuevos contratos. O que pretenda que el pago al Estado ecuatoriano se haga a través de descuentos en nuevos contratos.

Pero ¿cómo es posible que una empresa corruptora siga contratando con el Estado?
Los ecuatorianos se preguntan cuándo vamos a recuperar los activos de la corrupción. La única razón por la que nos sentamos a conversar con Odebrecht es: ¿cuánto se demoran los procesos penales, las investigaciones, los exámenes  especiales de la Contraloría, que determinen responsabilidades? Y cuando concluyan esos procesos judiciales, que sería la forma normal para recuperar ese dinero, suponiendo que estén fácilmente accesibles, aunque eso no ocurre.

Cito un ejemplo, el caso Conticorp, que ocurrió en 1996; recién en el año 2018 logramos recuperar $ 5 millones de los $ 186 millones que adjudicó el Consejo Privado de la Reina de Inglaterra. Han pasado 23 años; esos son los tiempos normales de la recuperación del dinero de la corrupción.

¿Qué dice esa información de la Contraloría sobre los contratos de la empresa brasileña?
El núcleo de la información es la que reposa en la Contraloría. Pero quedamos en el grupo de trabajo que el monto total no se revelará hasta que esté perfectamente establecido. Las cifras deben ser tratadas con muchísimo cuidado. No queremos crear expectativas falsas. El Estado exigirá lo que tenga que recibir, no estamos dispuestos a negociar.

La compañía actúo con total impunidad gracias al blindaje del prófugo Carlos Pólit, del SRI, y del exvicepresidente Jorge Glas.
Eso lo determinarán las investigaciones en Fiscalía. Si las investigaciones dan los resultados esperados tendremos a esas personas e incluso al expresidente de la República, empresarios privados y exfuncionarios enjuiciadas y con prisión. Parecería que hubo el blindaje político porque toda la información se obtuvo por la cooperación eficaz de Odebrecht.

Se verá lo amplia que fue esa red de involucrados y es a través de los contratistas y subcontratistas, que percibían los dineros de Obebrecht. En el sistema penal ecuatoriano el implicado en un delito que coopera con el Estado obtiene la protección y es atenuante para la aplicación de la pena. Pero eso no implica que la indemnización quede sin efecto.

¿Colombia y Perú no contratan con Odebrecht?
Tengo información de que en el Perú han decidido seguir contratando con la compañía Odebrecht. Es concesionaria de carreteras, estas funcionan y hay ingresos para el Estado peruano y con cargo a esos contratos se paga parte de la indemnización. En Ecuador no tenemos como concesionaria a Odebrecht.

¿Cómo resarcir el daño moral que produjo la empresa brasileña?
A través del pago de una suma que pretende reparar el daño inmaterial. Es difícil evaluar ese daño, hay variables económicas, el gasto social, se incorporan en fórmulas y se puede llegar a un monto menos subjetivo, pero inexacto. En otros países, el daño moral se ha cuantificado objetivamente. Siempre es difícil cuantificar el daño moral para resarcimiento.

Ojalá sirva para aumentar indicadores de inversión en educación, en valores, programas de capacitación a funcionarios públicos. Este tema está en el ADN de los latinoamaricanos y vemos lo que ha ocurrido. Hay que trabajar en escuelas y en hogares. Esto demorará dos o tres generaciones, con un trabajo sistemático y planificado. La falta de integridad se ve en saltarse la cola en un banco, o pagar tramitadores.

¿Hay que reformar leyes para evitar que suceda esto en el futuro?
Presentamos un proyecto de Ley que pretende recuperar el control previo de legalidad. Es una medida parcial, pero todo lo que implique reducir al máximo los posibles espacios de corrupción es positivo. Las medidas no deben ser aisladas, sino coordinadas y parte de una sistema el Plan nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción.

Es a largo plazo. Desde la Constitución de 2008 se desmantelaron los mecanismos de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, degradó a la Procuraduría de ser un ente de control y está adscrita a la administración pública. Eso es limitar las facultades de control.

La Procuraduría ganó tres arbitrajes internacionales. ¿Qué significa eso para Ecuador?
El primer caso es el arbitraje de la compañia pesquera española Albacora, que se instaló en zona franca de Posorja. Esa empresa inició el arbitraje por $ 56 millones porque el Estado cambió el tratamiento tributario, que era inequitativo con el Tratado de Inversión Bilateral (TIB) de España. Pero el tribunal arbitral dijo que no hubo ese trato ni violó los derechos de esa empresa.

Determinó que pague el 50% de las costas procesales incurridas por Ecuador y las dos terceras partes de los gastos al tribunal arbitral y la Corte Permanente de Arbitraje. El segundo caso ganado es el de la entidad contratante ecuatoriana es la CNT y las contratadas son dos compañías de Colombia y de Perú, para transmisión de comunicaciones, por $ 17 millones. Y el tercero es el de Caminosca en contra de Inmobiliar. (I)

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