Hay 44 pruebas contra el Consejo de la Judicatura

- 21 de mayo de 2018 - 00:00
Si el informe de la Comisión de Fiscalización recomienda la censura y destitución, los 10 vocales deberán comparecer ante el pleno Legislativo.
Foto: Archivo / EL TELAlexis MeraÉGRAFO

La Comisión de Fiscalización recibirá las pruebas de cargo contra la entidad. Convocaron a Alexis Mera, exsecretario jurídico presidencial.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibe hoy las pruebas de cargo para el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

La cita que está planteada para las 14:00 contará con la presencia de los asambleístas proponentes del juicio político, Esteban Bernal (CREO) y Raúl Tello (Unidos Por Pastaza) para que presenten las pruebas que validan el trámite.

Como segundo punto del orden del día, la mesa también convocó a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Rafael Correa.

Además asistirá Hernán Ulloa, abogado de algunos jueces destituidos por el CJ; Pablo Cordero Díaz y Sonia Quezada jueces cesados; Jorge Rodríguez, como representante de la Comisión Nacional Anticorrupción y un representante de Human Rights Watch.

Los comparecientes deberán informar sobre los hechos denunciados en contra del CJ.

Bernal aclaró que lo que se busca con este trámite es “la institucionalización de la justicia ecuatoriana”.

Los asambleístas proponentes presentaron 44 pruebas que hoy serán expuestas a los asambleístas de la mesa de Fiscalización.

El 27 de septiembre de 2017, Bernal y Tello presentaron por primera vez la solicitud, sin embargo fue rechazada en el Consejo de Administración Legislativa. En ella incorporaron 40 pruebas.

El 18 de abril pasado insistieron en el trámite y a las 40 pruebas ya expuestas adjuntaron cuatro más.

Entre ellas se encuentra el informe de contraloría que establece que “la Judicatura habría otorgado nombramientos a agentes fiscales con puntaje menor, dejando de lado a aquellos que alcanzaron mejores resultados en el año 2016”, resaltó Bernal.

El acto urgente presentado por la Fiscalía General del Estado en contra del presidente del CJ, Gustavo Jalkh por un presunto tráfico de influencias, también se incorporó.

Además el informe de la aplicación del error inexcusable que se determinó a un funcionario administrativo en Imbabura. “Este trámite es solo aplicado a jueces, fiscales y notarios”, dijo Bernal.

El informe y expediente presentado por la Comisión Anticorrupción ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, respecto a la mala procedencia de los nombramientos de fiscales provinciales, son otras pruebas que fueron adjuntadas y serán detalladas en la sesión.

Un juicio diferente

Para que Carlos Pólit, excontralor del Estado; Carlos Ochoa, exsuperintendente de Comunicación y Carlos Baca, exfiscal general del Estado sean censurados y destituidos de sus cargos, el trámite de juicio político necesitaba el voto de al menos 70 asambleístas que corresponde a la mayoría absoluta en el Legislativo.

Según la Constitución, en su artículo 131, para llegar a la censura y destitución de los miembros del CJ que ya se encuentra en trámite en la Comisión de Fiscalización se necesitará del voto favorable de al menos 92 asambleístas.

En el actual periodo de la Asamblea Nacional se han realizado ocho pedidos de juicio político.

De ellos siete correspondían a una autoridad. Sin embargo, el juicio político planteado por Raúl Tello y Esteban Bernal fue solicitado en contra de los 10 miembros del CJ. Ellos son: el presidente Gustavo Jalkh, los cinco vocales principales Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Rosa Elena Jiménez Vanegas, Alejandro Subía y los cinco vocales suplentes.

El próximo martes 29 de mayo concluye el periodo para la presentación de pruebas de cargo y descargo en la Comisión de Fiscalización.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece que posteriormente la mesa tendrá cinco días para presentar y aprobar el informe.

María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización aclaró que además de los cinco días, pedirán cinco días de prórroga que también establece la LOFL.

“Garantizamos el debido proceso y el derecho a la defensa. Lo más seguro es que nos tomemos los 10 días para el informe”. (I)

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