Consejo evaluará ética y legalidad de autoridades

Hoy, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCST) definirá los procesos de evaluación y comparecencias de las cabezas de al menos 19 instituciones del Estado. La resolución será aprobada durante una sesión del pleno. Allí se escogerán los parámetros propuestos por la subcomisión de Evaluación. Sin embargo, el orden sobre la evaluación de las autoridades e instituciones quedará para los próximos días. Julio César Trujillo, presidente del Consejo, aclaró que primero escogerán los parámetros e indicadores que se utilizarán en el ejercicio. Ayer ya hubo una reunión de trabajo de los consejeros para adelantar el reglamento, el mismo que será votado hoy. Además el CPCCST deberá elaborar el presupuesto que se utilizará en la evaluación. Según la primera planificación del Consejo, anunciada en días pasados, la evaluación se iniciaría el próximo 5 de abril. Pero en el CPCCST hay un consenso en que la primera en ser evaluada debe ser la Fiscalía General del Estado, envuelta en un conflicto interno entre su titular y la número dos. A eso se añade la pugna entre el fiscal Carlos Baca Mancheno y el expresidente de la Asamblea, José Serrano. Myriam Félix, una de las consejeras, manifestó su preocupación por la Fiscalía General, principalmente por el juicio político en contra de Baca Mancheno, el cual ya fue ingresado a trámite en la Asamblea Nacional. Al CPCCST también le inquieta la suspensión temporal de la fiscal subrogante Thania Moreno. “Empezaremos por los que tienen más denuncias”, adelantó Félix. Las acciones de evaluación son parte del mandato popular surgido de la consulta popular y referendo del pasado 4 de febrero. Entre los aspectos que se evaluarán están la ética y la legalidad de las acciones y funciones desempeñadas por las autoridades. El Consejo tiene seis meses para evaluar a las autoridades. El proceso debería finalizar antes de septiembre. En el caso de que existan calificaciones negativas por la evaluación, el Consejo transitorio tendrá la facultad de destituir a las autoridades de las 19 instituciones, entre las que constan la Contraloría, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral (CNE), Superintendencias, Defensorías, entre otras. Más de un evaluado por entidadTrujillo agregó que en estas instituciones existen desde 3 a 7 miembros que también serán evaluados, es decir no se centrarán únicamente en los titulares. María Arboleda, coordinadora de Información y Lucha contra la Corrupción, dará trámite a ese proceso. Luego vendrá la redacción de un reglamento para los concursos para que la ciudadanía opte por un cargo. “Todas estas cosas están sometidas a reglamentos. Aunque no estemos obligados a respetarlos, tenemos que dictar nuestros reglamentos y en eso estamos”, dijo Trujillo. Advirtió que esta labor llevará tiempo. La idea, según el funcionario, es que por medio de esos reglamentos se eviten críticas al Consejo transitorio por actuar con “arbitrariedad”. El Consejo de Participación Transitorio lleva tres semanas en funciones y hasta ahora su decisión más destacada fue acoger la resolución de la Contraloría General del Estado que cesaba al Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. (I) FuncionesInstituciones de controlJulio César Trujillo, titular del CPCCST, manifestó que estarán a cargo de la evaluación de aproximadamente 19 instituciones de control. Hoy se define el procedimiento para calificarlas. También debe realizarse un cronograma.3 semanas en funciones lleva el nuevo Consejo de Participación Ciudadana en transición. Primera medidaLa primera acción de envergadura del Consejo transitorio fue acoger la resolución de la Contraloría que cesó al ahora exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. (I) Unidad Popular denunció a Correa y JalkhEl movimiento Unidad Popular (UP) presentó al Consejo en Transición un pedido para que se evalúe a Carlos Baca Mancheno, fiscal general del Estado y a Thania Moreno, quien fue suspendida ayer como fiscal subrogante y provincial de Pichincha. El director del movimiento político, Geovanni Atarihuana aclaró que “la lucha contra la corrupción exige que tengamos un Fiscal General con legitimidad social, que no esté involucrado en actos de corrupción y que no responda al régimen anterior”. Asimismo, la Unidad Popular presentó al titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en transición, Julio César Trujillo, una denuncia formal en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, y del actual titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. “Es una denuncia que comprueba el tráfico de influencias de estos dos personajes en el manejo de la justicia”. Al respecto, Trujillo les recordó que dichas denuncias deben estar debidamente documentadas y con fundamentos legales. Aclaró que la respuesta a dichas peticiones será difundida las próximas semanas. (I)